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El gobierno de Estados Unidos dio a conocer ayer una acusación penal en contra de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, y del empresario Fernando Alejandro Cano Martínez, por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, por lo que se giraron órdenes de aprehensión para ambos en ese país.

La acusación, que resume varios años de investigaciones de agencias de Estados Unidos, entre ellas la antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), fue dada a conocer públicamente ayer tras ser presentada en mayo pasado a un gran jurado, y ahora autoridades estadounidenses abrieron líneas telefónicas para recibir información que conduzca a la detención de Yarrington y Cano Martínez.

Además de las acusaciones que enfrenta en México por narcotráfico y también lavado de dinero que fueron formuladas desde el sexenio pasado, Yarrington y Cano son acusados en una corte de Texas por conspirar para violar las provisiones de la Ley RICO, de lavado de dinero, conspirar para cometer fraude y conspirar para proporcionar falsa información al sistema bancario estadounidense.

“Yarrington es acusado también de manera separada de conspirar para violar la ley de Sustancias Controladas, dos cargos sustantivos de fraude, así como conspirar para estructurar transacciones estructuradas de una institución financiera nacional, mientras que Cano es acusado de fraude con tres cuentas bancarias”, precisó la fiscalía del distrito sur de Texas.

De acuerdo con la acusación de Estados Unidos, desde 1998 Yarrington recibió fuertes cantidades de sobornos de los principales carteles del narcotráfico que operan en el estado de Tamaulipas, incluyendo el cártel del Golfo, y en contraparte cuando fue gobernador de 1999 a 2004 les permitió operar libremente en esa entidad, incluyendo el tráfico de grandes cantidades de droga que fueron distribuidas en Estados Unidos.

La acusación estadounidense destacó que entre 2007 y 2009 Tomás Yarrington se involucró en el tráfico de grandes cantidades de cocaína a través del puerto de Veracruz hacia los Estados Unidos.

En la acusación se alega además que Yarrington recolectó sobornos de operaciones comerciales en México, mientras que Cano operaba la empresa tamulipeca Materiales y Construcciones Villa Aguayo, S.A. de C.V., que recibió significativos contratos en el periodo en el que Yarrington fue gobernador, incluyendo la compra de propiedades como su prestanombres.

La investigación de las autoridades estadounidenses encontró que desde 1998 Yarrington y posteriormente Cano se involucraron en la compra de propiedades en los Estados Unidos, usando prestanombres y empresas establecidas a principios de 2005 para ocultar a los verdaderos propietarios.

“Los activos incluyen cuentas de bancos, residencias, aviones, vehículos y propiedades en Bexar, Cameron, Hidalgo y el condado Hays, muchos de los cuales fueron adquiridos vía préstamos fraudulentos de bancos en Texas”, detalló la fiscalía.

Adicionalmente, la demanda legal indica que en 2004 Yarrington recibió control de fondos públicos robados, con los cuales el ex gobernador compró un avión Sabreliner 60 en enero de 2005, y como parte de la compra 300 mil dólares fueron transferidos a una cuenta bancaria en los Estados Unidos.

“Otra porción de los fondos robados, cinco millones de pesos, fueron transferidos a Cano en la primavera de 2005”, según la acusación penal del gobierno de Estados Unidos.

La acusación argumentó que existen 7 millones de dólares en transferencias desde entidades con prestanombres hacia cuentas bancarias de Estados Unidos en esquema de depósitos menores a 10 mil dólares para evadir los reportes de actividades financieras sospechosas.

Las acusaciones en contra de Yarrington superan los 60 años en prisión. A la fecha, el ex gobernador, que cuenta con un amparo en México para evitar su detención, ha negado todos los cargos.