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Debido a una falta de atención inmediata y con eficacia, el delito de secuestro ha registrado un aumento en los últimos meses, reconoció ayer el presidente Enrique Peña Nieto, luego de hacer un balance sobre los resultados en seguridad durante su primer año de gobierno.

Por ello, el mandatario instruyó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a presentar en enero próximo una estrategia que permita a las autoridades hacerle frente al ilícito, contener y disminuir los índices que se registran en el país.

La decisión fue anunciada por el mandatario durante la 35 reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la que también informó que entre diciembre de 2012 y de 2013, el número de homicidios dolosos disminuyó en 15%. Mientras que los robos en todas sus modalidades bajaron en 5%.

“Sin embargo, aún hay temas sensibles que no podemos soslayar, y menos atender de manera inmediata y con eficacia. Me refiero al secuestro, que ha tenido lamentablemente una tendencia contraria”, dijo Peña.

De acuerdo con los datos oficiales que los gobiernos de los estados y del Distrito Federal reportan a la Federación, entre enero y noviembre del presente año se han iniciado mil 583 averiguaciones previas por secuestros en el país, cifra que representa la misma incidencia delictiva que se registró durante todo el año pasado, pero de enero a diciembre.

Los registros con los que cuenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que el número de denuncias que se presentan en los Ministerios Públicos por secuestros se ha incrementado año con año.

La base de datos refiere que en 2006 se tramitaron 438 actas; en 2007, las denuncias aumentaron, al registrarse 907; para 2008, se reportaron mil 162; en 2009, mil 236; 2010; mil 344; 2011, mil 317; 2012, mil 583, y de enero a noviembre del presente año suman mil 583.

En la sesión también se aprobaron cuatro acuerdos en materia de seguridad. Uno de ellos es la modificación de los criterios para los exámenes de evaluación y permanencia de los cuerpos de seguridad.

Las nuevas evaluaciones se harán a partir de las funciones que realizan los elementos, el nivel de sensibilidad el acceso a información y el grado de responsabilidad.

“Los mandos medios superiores y altos seguirán sujetos a las cinco fases de avaluación, así como a la verificación del entorno socioeconómico para todos ellos. En caso del personal operativo, a excepción de funciones sensibles, se aplicará un esquema diferenciado, mientras que para el personal administrativo que desempeñe funciones sensibles también se aplicarán las cinco fases de evaluación”, explicó Monte Alejandro Rubido, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El último acuerdo fue una actualización de las fórmulas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para que a partir del siguiente año los estados puedan recibir más dinero conforme a resultados en el combate a la inseguridad.

En la reunión, Edna Jaime, directora de México Evalúa, pidió a las autoridades generar indicadores en materia de seguridad confiables.

Por separado, Jorge Chabat, especialista en temas de seguridad, dijo que los secuestros siempre han estado ahí; sin embargo, ante la falta de atención de las autoridades por los homicidios relacionados con el crimen organizado, se dejó de atacarlos.

Durante el evento, un manifestante reclamó al Presidente no haber realizado consulta sobre la reforma energética, promulgada ayer.

Daniel Blázquez Aguilar, un joven de entre 29 y 35 años, aprovechó una pausa durante el discurso del Presidente para ponerse de pie desde la zona de prensa y reclamar.

La Secretaría de Gobernación aclaró que dada la actitud del joven se activó el protocolo de seguridad, identificándose con una cartilla del Servicio Militar Nacional.

La dependencia añadió que él mismo declaró que para ingresar al recinto afirmó ser reportero. Posteriormente se le practicó un examen médico y se certificó que no presentaba lesiones.