La defensa de los ‎16 detenidos por la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Quintana Roo, acusados de haber talado manglar en Holbox, ‎combatirá jurídicamente el auto de formal prisión dictado esta madrugada por el juzgado Séptimo de Distrito.

Alejandro Aguirre, presidente de la Barra de Abogados, informó que en un plazo de cinco días pueden recurrir a la apelación, ante el propio Juez Septimo, Dario Alejandro Villa Arnaiz, que lo turnaría a un Tribunal Unitario o en el término de 15 días, promover un Juicio de Garantías, ante el juez en turno.

A las 4 horas de este viernes, los tres topógrafos, el joven universitario y los 12 trabajadores contratados para la limpia de brechas en una poligonal de Holbox, fueron notificados del auto de formal prisión, dictado por los delitos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, dentro de un área natural protegida, sin autorización, y por daño a manglares y Palma chit, especies prot‎egidas por las normas oficiales mexicanas 059 y 022.

De no prosperar los medios de defensa y dictarse sentencia condenatoria, el grupo podría alcanzar los 10 años de cárcel, indicó el litigante, quien consideró que el juez séptimo que dictó el auto, "no tuvo tiempo de valorar la argumentación".

Para Aguirre Buenfil, el juez se inclinó hacia el dicho de los inspectores de Profepa y de la delegada de la dependencia, Ludivina Menchaca, quienes incurrieron en contradicciones y no lograron acreditar la flagrancia del presunto delito.

"Creemos que no se logró acreditar la temporalidad del delito, es decir, nosotros sostenemos que las actividades en el predio, la supuesta tala de manglar, ocurrió días antes del operativo".

"Esta gente está siendo usada como chivos expiatorios, por algo que se taló mucho antes", consideró el entrevistado, quien además, dijo que lo sucedido es resultado de la reacción tardía de la delegada.

Para demostrarlo, citó que en el expediente, integrados por más de mil hojas, obra que el siete y 27 de junio y el 14 de julio, Menchaca Castellanos fue notificada de diversas denuncias sobre tala de manglar en el sitio‎, sin atenderlas.

Fue hasta la denuncia del 23 de julio que se efectuó el operativo, al día siguiente.

"Esto demuestra que estas actividades se estaban realizando desde antes y que la delegada se tardó en atenderlas y no sólo eso, ‎demuestra que los acusados no cometieron el delito, porque ellos fueron contratados para limpiar las brechas que alguien más abrió y que no fueron ellos", expresó.

Las fotografías presentadas por los inspectores tampoco muestran a los trabajadores en flagrancia y ‎la superficie impactada, reportada por el peritaje de Profepa -7.7 hectareas- no corresponde al levantamiento hecho por peritos de la PGR (573 metros cuadrados).

"El juez tendrá que solicitar un tercer peritaje, porque no concuerda y la diferencia es mucha"‎, dijo Aguirre Buenfil, quien agregó que los detenidos se encuentran "desolados", pues tenían la "esperanza fundada" de que saldrían libres.

Familiares de los detenidos, entrevistados en la cárcel, expresaron su inconformidad ante lo que consideran una injusticia.

En contraste, la Profepa -a través de un comunicado de prensa- ‎indicó que personal de las Subprocuradurías Jurídica y de Recursos Naturales, así como de la propia delegación, aportaron los argumentos y dictámenes que, sumados a las diligencias de la PGR, permitieron al juez, emitir una resolucion.

‎"La coadyuvancia entre la Profepa y la PGR fue determinante para lograr el éxito de la consignación y resolución del Poder Judicial Federal", resaltó la dependencia.‎

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