El Gobierno del presidente Barack Obama dio el jueves detalles sobre su plan para detener la recolección de millones de registros de llamadas telefónicas en Estados Unidos y sobre nuevos procedimientos que requerirán el permiso de un juez para pedir a las compañías telefónicas que proveean datos.

Según el plan, las compañías telefónicas deberán proveer datos rápidamente y en un formato utilizable cuando el Gobierno lo pida, dijo un funcionario de alto nivel de la administración a periodistas bajo condición de anonimato.

También le permitirá al Gobierno solicitar datos telefónicos sin una orden judicial en el caso de una emergencia de seguridad nacional.

"Confío en que este enfoque le dé a nuestros profesionales de inteligencia y autoridades la información que necesitan para mantenernos a salvo mientras abordan las legítimas preocupaciones de privacidad que han surgido", dijo el presidente en un comunicado sobre el plan, que debe ser aprobado por el Congreso.

El Gobierno estadounidense comenzó a recopilar metadatos de llamados telefónicos poco después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en su territorio.

Los partidarios del programa dicen que ayuda al Gobierno a hallar conexiones entre personas que planean ataques en el extranjero y co-conspiradores en Estados Unidos, mientras que los críticos lo ven como una violación de los derechos a la privacidad.

Obama ha estado bajo presión desde que el año pasado el ex contratista de seguridad Edward Snowden filtró detalles clasificados sobre la recolección de información del Gobierno, lo que tuvo repercusiones mundiales.

Los metadatos documentan qué números de teléfono hicieron una llamada, cuándo se registró y cuánto duró, pero no incluyen el contenido.

Bajo el plan anunciado el jueves, una vez que se apruebe la recolección de información relacionada con un número telefónico, se le podría pedir a las compañías datos sobre ese teléfono en una manera "eventual y continua" dijo un funcionario del Gobierno en una conferencia telefónica.

Las compañías deberán suministrar asistencia técnica al Gobierno para explicar los datos, y podrían ser compensadas de una manera que sea consistente con los procedimientos actuales, agregó.

El Gobierno pedirá a una corte de vigilancia de inteligencia que le permita operar su programa existente al menos por otros 90 días, mientras el Congreso analiza una legislación.

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