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Entre callejones cada vez más estrechos por las decenas de puestos que invaden las calles aledañas al Metro Chapultepec, Jorge se pasea, nueve horas al día, con ocho kilos en el hombro. Tiene 69 años, 63 de los cuales ha trabajado en el ambulantaje, y en cada jornada diaria tiene que vender unas 30 cadenas para perro.

Jorge, El Cadenitas para la policía, Güero para sus compañeros y “Jorge Ortiz, el hombre que te hará feliz” para sus clientas, no sabe que el Distrito Federal tiene en la puerta una nueva batalla por el reordenamiento del comercio ambulante, uno de los problemas jamás resueltos por las autoridades.

En los últimos 15 años el sector creció más de siete veces; y la capital sólo posee una ley de 1951 para hacerle frente. Después de los fracasos de los años 90 para regularlo, dos iniciativas competirán en la Asamblea Legislativa para actualizar el marco legal.

De esta forma, el poder legislativo del DF se enfrenta al reto de regular la actividad económica de 2 millones de personas en la capital. Diputados perredistas y priístas, entrevistados por EL UNIVERSAL, están en esa disputa.

El primer capítulo de esta historia se librará en la ALDF durante el periodo que arranca en marzo; y el mayor enfrentamiento será entre la iniciativa de ley del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que busca regular el uso de los bienes de uso público a través de permisos, normas, estricto pago de cuotas y ubicación; contra la promesa de ley de comercio popular que prepara el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través de la líder histórica del ambulantaje, Alejandra Barrios Richard.

Este diario buscó la posición del Gobierno del Distrito Federal, pero no ofrecieron postura.

Hacia el colapso

El segundo capítulo se definirá en las calles; muchos comerciantes deben pagar cuotas discrecionales tanto a autoridades de las delegaciones como a líderes gremiales por la falta de claridad legal.

Jorge El Cadenitas sabe muy bien sus límites: “aquí no me cobran nada”, dice mientras señala el paradero de peseros de Chapultepec, pero explica: “Si yo me voy al Monumento a la Madre, hasta me cobran doble; a la semana un líder pide 60 pesos por metro cuadrado, y diariamente hay que pagarle a la delegación”.

“La Ciudad de México ya no resiste el comercio como está, sin una regulación. Esto nos va a llevar a un colapso”, dice Agustín Torres Pérez, promotor de la iniciativa de ley perredista, al explicar que su propuesta contempla la sustitución del Reglamento de Mercados de 1951, la reubicación de vendedores en corredores comerciales y la expedición de un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) para el uso de la vía pública.

Los chiflidos del poderoso gremio de comerciantes ambulantes contra lo propuesto por Torres Pérez llegaron hasta las puertas del edificio legislativo el pasado 5 de diciembre para evitar que la iniciativa, lanzada en octubre, se dictamine este año.

La manifestación se opuso a la denominación de su trabajo como “informal”, controversial por el tema tributario; rechazó la regulación mediante PATR, y la reubicación en corredores comerciales.

Entre los inconformes se encontraban partidarios de la diputada Barrios Richard, quien opina: “Es terrible. Una pésima iniciativa, violatoria de los derechos humanos de todos los que trabajan en la vía pública”.

Barrios Richard prometió, desde que alcanzó una curul por el PRI, la elaboración de una ley de comercio popular. La manifestación contra la iniciativa perredista le sirvió para refrendar su promesa: junto al presidente de la Comisión de Abasto, Rubén Escamilla, coordinarán foros temáticos a principios de 2014 para proponer una ley.

En marzo del próximo año, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones, las dos iniciativas se enfrentarán en el pleno, ante un gremio que dice aportar 18% del Producto Interno Bruto (PIB) al Distrito Federal.

Comerciantes y diputados coinciden en la imperiosa necesidad de regular; el desacuerdo está en los “cómos”.

Ambas iniciativas cargan con los fracasos del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular, por lo que Agustín Torres advierte que se debe buscar un camino alterno al utilizado en 1993, pues “fue una estrategia equívoca; combatir al comercio ambulante retirándolos de manera unilateral y persiguiéndolos no dejó nada bueno”.

El baile de las cifras

La urgencia de tener reglas claras radica en el crecimiento exponencial del sector. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calculó en 1998 que la Ciudad de México empleaba en el comercio informal a 186 mil personas de tiempo completo, cifra que aumentaba a 280 mil al considerar a quienes ejercen por temporada o por horas. Hoy las facciones en pugna —diputados y comerciantes— calculan que en la capital operan entre uno y tres millones de ambulantes. El baile de las cifras se debe a que no existe un censo oficial en la ciudad; pero el aumento de comerciantes sería de 700% si tomamos la cifra promedio dos millones.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a 2013, seis de cada diez mexicanos trabajan en la informalidad; 5 millones de personas viven o vienen cotidianamente a la Ciudad de México a trabajar en este sector; y aunque no toda la informalidad se traduce en comercio ambulante, situar esta cifra en 2 millones de comerciantes coincide con lo establecido por los mismos líderes.

Barrios Richard, quien lleva 36 años dirigiendo uno de los gremios más poderosos, dice: “Son millones, aquí en el Distrito Federal podrían ser más de 2 millones de gentes”. Por su parte, el perredista Agustín Torres dice que esa cifra le parece “razonable” pues “ha crecido mucho; no creo que sea un dato exagerado”, agrega.

La diferencia de cifras podría deberse, según Torres Pérez, a una decisión política; reconocer su número equivale a asumir la responsabilidad del gobierno con el gremio. “Ha habido una política errónea de parte del gobierno de la ciudad, atribuible a una estrategia en la que no se ha permitido que ellos (comerciantes de la vía pública) se den de alta; algunos funcionarios piensan que sería reconocerles su derecho a estar en la calle”, explica.

Cuauhtémoc, campo de batalla

Una de las delegaciones más emblemáticas en cuanto al comercio informal es Cuauhtémoc, ahí están zonas como Tepito, La Merced, el Centro Histórico y Eje Central.

Alejandro Fernández Ramírez, jefe delegacional de la Cuauhtémoc, dice a EL UNIVERSAL: “Se debe hacer un censo por delegación para saber con precisión quiénes son, cuántos son, qué venden, qué hacen y en qué horarios”.

El delegado perredista no desea quedarse fuera de la discusión, pero los datos de su más reciente censo, parecen bajos; asegura que en su demarcación hay 40 mil comerciantes informales —lo que incluye ambulantes, puestos fijos y semifijos—.

Dice que de esta cifra, sólo un tercio está registrado y paga el derecho por aprovechamiento del espacio público. Al problema del subregistro se suma la intermitencia del pago y la incapacidad, por el vacío legal existente, de que la delegación cobre directamente.

El diputado Agustín Torres, ex jefe delegacional de la Cuauhtémoc, dice que con su iniciativa la contribución de los comerciantes significaría un ingreso de 10 millones de pesos mensuales para la delegación, lo que equivale a que en un año se recaude el presupuesto de toda la política social de la demarcación, 120 millones de pesos.

Cuauhtémoc recibe aproximadamente un millón de pesos mensuales del comercio en vía pública, dice Alejandro Fernández Ramírez, y ante la posibilidad de aumentar el ingreso de su delegación a través de este rubro sugiere: “¿Por qué no determinar una tarifa para cada realidad que está presente en la vía pública? Tienes alrededor de 25 realidades distintas, a cada uno ponle una cuota. Por ejemplo, a ese de la barbacoa que va sábados y domingos por qué no le cobramos 2 mil pesos al mes”, y continúa: “¿Cuánto no voy a juntar? Podría mantener a las colonias. Todo con supervisión vecinal”.

“Somos receptores de lo que no resuelven en el Estado de México”, dice Alejandro Fernández al desglosar otros indicadores del censo y refierse, indirectamente, al caso de El Cadenitas. Él recorre, al igual que siete de cada 10 vendedores en la Cuauhtémoc, las 18 estaciones de Metro y los 30 minutos en pesero que separan su casa en el Estado de México (Nezaualcóyotl) de su puesto de trabajo en el DF.

Sólo 10% de los ambulantes es, de acuerdo con cálculos oficiales, residente de la delegación.

La Cuauhtémoc también es el terreno más fuerte de los agremiados de Barrios Richard, quien asegura que 6 mil familias integran la Asociación Legítima Cívica Comercial AC, e insiste en que la ley resultante deberá reconocer que “el comercio popular ayuda al trabajo, que no hay trabajo suficiente”. Los indicadores económicos respaldan a Barrios: durante el tercer trimestre de este año el INEGI reportó un desempleo de 5.2% (2.7 millones de personas).

La pérdida de empleo formal se traduce en subempleo y las cifras de informalidad llegan a 59.1% de la población ocupada.

Torres Pérez señala que el gobierno federal tiene “una política errónea en materia de economía que abona a la desigualdad”.

En el contexto económico actual el Consejo Ejecutivo de presidentes de la Alianza Mexicana de Organizaciones Productivas, Sociales y de Servicios, asociación que se manifestó en la ALDF, sostiene que el comercio en vía pública cobija población vulnerable: madres solteras, indígenas, jóvenes y personas de la tercera edad.

La válvula de escape

El comercio ambulante también se encuentra desprotegido de prestaciones sociales. Sus trabajadores no tienen pensión ni seguro de salud, y cuentan con poca capacidad de ahorro. Agustín Torres dice que la regulación también ayudará a que tengan certeza jurídica.

Aunque el comercio en vía pública es una válvula de escape a la situación económica de algunas familias, Torres Pérez estima que una regulación clara ayudaría a contrarrestar sus efectos nocivos. “Son depredadores de la infraestructura urbana”, dice el diputado, quien cita como ejemplos que la grasa de la comida afecta las coladeras, los puestos desgastan las banquetas e incluso aumentan los índices delictivos.

Actualmente las contribuciones del comercio ambulante a la capital están tasadas en un promedio de 450 pesos trimestrales por puesto, que se pagan a la Tesorería del DF y se reintegran a la delegación. La iniciativa del PRD no plantea la modificación del monto de este pago.

Si la resolución en la ALDF culmina en la aprobación de una nueva ley, podría incidir en la percepción de los capitalinos sobre el comercio en vía pública. La última encuesta de Parametría, de enero de 2013, muestra que la aceptación del comercio ambulante en el DF, aunque aprobatoria, es 13% menos que en resto del país (54% contra 67%).

“El gobierno ha sido timorato y le ha dado miedo meterse al tema porque creemos que al guardar una posición permisiva el problema se autoregula”, dice Agustín Torres.

Aunque todos reconocen que la regulación del ambulantaje es un pendiente heredado de las administraciones priístas, a 16 años de alternancia política, el PRD no ha encarado esa batalla.

Y en tanto, El Cadenitas, como la mayoría de los ambulantes, ignoran que los partidos ya mueven sus piezas para influir en este debate.