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La Contraloría General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones económicas de 124.6 millones de pesos por diversas irregularidades en la adquisición del inmueble del organismo ubicado en la colonia ex Hacienda Coapa, delegación Tlalpan.

Por este caso siguen su curso sendas denuncias de hechos presentadas ante la PGR por presunto daño patrimonial al Instituto Federal Electoral (IFE) —antecesor del INE— por 124 millones de pesos.

Las anomalías se centran en que se pagó de más por el inmueble, que alberga áreas como el Centro Nacional de Control y Monitoreo (Cenacom), el Centro de Verificación y Monitoreo (Cevem) del Distrito Federal, la Dirección de Sistemas de la Unicom, el sistema de consulta Ifetel, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Unidad de Fiscalización de los recursos de los partidos.

El ex contralor general del instituto, Gregorio Guerrero Pozas, concluyó su encargo el miércoles pero antes confirmó que las querellas siguen su curso, aunque no ofreció detalles sobre su evolución.

En el caso se investiga un pago de más por el edificio, entre otras razones porque de tres avalúos realizados antes de adquirirlo, se prefirió el de mayor monto.

Los avalúos fueron de 118 millones de pesos, otro de 125 millones y uno más de 269 millones; el inmueble se compró por 225 millones de pesos.

Expediente heredado

El caso de la compra del edificio quedó heredado al INE, aunque desde el 20 de marzo de 2013 el Consejo General del entonces IFE resolvió por unanimidad que no hubo irregularidades y por ello determinó la improcedencia de las sanciones que habían sido propuestas por Guerrero Pozas en contra de ex funcionarios del instituto.

La principal anomalía habría ocurrido —según el ex contralor— durante la gestión de Fernando Miguel Santos Madrigal como director ejecutivo de Administración del IFE en 2009, año en que se adquirió el inmueble, y a quien señaló de presuntas conductas y omisiones que habrían ocasionado el quebranto.

Aunque penalmente está pendiente el caso, según el informe de la Contraloría General rendido ante el Consejo General del INE el 28 de marzo pasado, ya procedieron sanciones administrativas contra otros cuatro ex funcionarios —de rango menor, contra los que no era necesario el aval del pleno del Instituto— pues el 7 junio de 2013 se emitió “resolución definitiva dentro del expediente CG/SAJ-R/OC/002/2011”.

Estas son “inhabilitación por cinco años y sanción por 124 millones 634 mil 367 pesos al ex director de Recursos Materiales y Servicios; suspensión temporal por 15 días al director de Recursos Financieros; inhabilitación por dos años al ex jefe de departamento de Proyectos y Administración de Bienes y Encargado de Despacho de la sub administración Inmobiliaria y Servicios, y amonestación pública al jefe de departamento de Control y Seguimiento Presupuestal de la Dirección de Recursos Financieros”.

Además, se reportó, “se hizo del conocimiento del Ministerio Público de la Federación, las denuncias presentadas, tanto por el secretario ejecutivo del IFE, por instrucciones del presidente del Consejo General del Instituto, así como por la Auditoría Superior de la Federación y la Subcontraloría de Auditoría de esta contraloría general, para que, en ejercicio de sus atribuciones, resolviera lo que en derecho proceda”.

Un gasto oneroso

El inmueble, ubicado en avenida Acoxpa, 434 (436), en el perímetro de la Plaza Acoxpa, colonia Ex Hacienda Coapa, fue adquirido por el IFE por 225 millones de pesos.

La compra buscó sustituir por inversión el gasto en arrendamiento, de 1.5 millones de pesos al mes por cuatro de nueve niveles que ya ocupaban algunas áreas de la institución. Pero, de acuerdo con Guerrero, se pagó de más.

El primer avalúo, efectuado en diciembre de 2008 y a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), estimó el costo en 118 millones de pesos pero estableció que estaban en curso obras de remodelación, costeadas por el IFE.

El segundo dictamen, del 7 de julio de 2009, de la misma institución, tasó el valor del inmueble en 125 millones de pesos. Sin embargo ese avalúo —dijo el IFE al desestimar el caso— “no nació a la vida jurídica” pues antes de que se emitiera, la Dirección Ejecutiva de Administración solicitó cancelarlo luego de que el INDAABIN incurriera en infracciones al convenio suscrito.

En tanto, el tercer avalúo realizado por Banobras, que estimó el valor en 262.9 millones de pesos, fue a la alza debido a remodelaciones hechas por el IFE. Al final, en acuerdo con el propietario, se acordó un pago de 225 millones de pesos.

De acuerdo con el IFE, no procederían las sanciones propuestas “basándose, por un lado, en un dictamen valuatorio que no existió en el procedimiento de compra del inmueble (pues fue cancelado) y, por el otro, en la sola comparación de avalúos sin analizar, ponderar y calificar con el auxilio de elementos periciales específicos u otros medios probatorios idóneos”.

Los consejeros rechazaron que hubiera irregularidades, pues determinaron que no hubo intencionalidad para el incremento del precio del edificio, no hubo gravedad en las conductas, ni se acreditó daño patrimonial, dado que el inmueble goza hoy de alta plusvalía. Tras esa decisión , el ahora ex contralor del instituto acusó a los consejeros electorales de emitir un mensaje de impunidad, pues según el expediente se habrían acreditado, entre otras conductas, la presentación de información incompleta para la toma de la decisión.

Pero el IFE rechazó que se tolere la corrupción, “no aceptaremos intentos de sancionar y perseguir sin pruebas a funcionarios y ex funcionarios públicos del IFE”.