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Cocula, Gro.— Desde hace dos años, la disputa de los grupos criminales por el control del territorio convirtieron a Cocula en una comunidad azotada por el miedo, balaceras, desaparición de personas, sobre todo jóvenes, y denuncias de detenciones arbitrarias por parte de autoridades federales.

Previo a lo ocurrido a los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en 2013 habitantes de Cocula reportaron a la Fiscalía del Estado la desaparición de por lo menos siete jóvenes, pero de acuerdo con versiones de los vecinos la cifra fue de más de 17 jóvenes que fueron “levantados de sus hogares” por un comando armando.

El poblado que se encuentra a 100 kilómetros de Chilpancingo, desde hace un mes es custodiado por la Policía Federal luego de que el presidente municipal César Manuel Peñaloza fuera citado a declarar ante la SEIDO por la probable participación de policías municipales en la desaparición de los estudiantes.

Paradójicamente, el tiradero municipal donde la PGR halló restos óseos —que son analizados por los peritos—, de acuerdo con el alcalde, dejó de funcionar desde hace un par de años.

“Pero los tres camiones de basura suben diario a dejar los desperdicios”, reconoce el propio Peñaloza, quien en entrevista con EL UNIVERSAL señala que de manera oficial a él no se le ha informado de los hallazgos en la zona conocida como Puente Río San Juan.

En sus oficinas comenta que se enteró por los medios de comunicación y por el operativo federal —que incluye el uso de drones para resguardar y vigilar las inmediaciones del tiradero— que cuatro detenidos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y presuntos implicados en la desaparición de los normalistas, que condujeron a las autoridades a ese sitio.

Los coculenses dicen que nunca oyeron nada de fosas, incluso luego de las búsquedas que ha realizado el gobierno federal y la UPOEG.

“El lunes desde las 5 de la mañana nada más se oían cómo bajaban los helicópteros, toda la mañana así estuvo hasta que subieron los federales”, señala el señor Pedro, habitante de este municipio.

Se llevan federales a su hijo. El pasado 21 de octubre, cuando iba circulando por la carretera Iguala-Chilpancingo, Gerardo Arroyo fue detenido en un retén sobre la carretera por elementos de la Policía Federal en el crucero Obregón, junto con el señor Hedilberto Salgado y Diego Moreno, quienes iban a la feria del precio del maíz en Iguala, pues son agricultores.

De acuerdo con su madre, Irma Arroyo, su hijo fue detenido de manera arbitraria y llevado al penal federal de Nayarit, por tener supuestamente “nexos” con Guerreros Unidos.

“Lo golpearon, lo torturaron, dice que le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, y le preguntaron: ‘¿Dónde están las fosas?’”, relata la señora en la plaza de Cocula donde colocó una manta con el rostro de su hijo y tres personas más para exigir justicia y la liberación.

Entre reclamos, recibe una llamada de la primera visitaduría de la CNDH. Desesperada pide que le ayuden porque el domingo viajó a Nayarit para ver a su hijo, quien le dijo que lo habían golpeado y que no le habían dado un medicamento que necesita para la presión.