La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó 13 denuncias penales de septiembre de 2007 hasta agosto pasado, en dependencias como Pemex y hasta contra funcionarios del gobierno de Oaxaca, en cuyo caso aún está pendiente de presentación otra denuncia penal más.

Sin embargo, la dependencia federal omitió detallar en su Informe el caso de las denuncias de Oaxaca.

De acuerdo con el Segundo Informe de Labores de la dependencia, las 13 denuncias penales se encuentran todavía en la etapa de averiguación previa e involucraron a 30 probables responsables, 25 son servidores públicos y 5 particulares.

El monto global implicado en las denuncias asciende a 80 millones 932 mil 248 pesos y podrían tardar entre seis y 18 meses para ser consignadas ante un juez.

Los hechos involucraron a 30 probables responsables, 25 de ellos  servidores públicos y cinco particulares.

Según la Función Pública , cuatro denuncias penales son por ejercicio indebido del servicio público; tres por uso indebido de atribuciones y facultades; dos por cohecho; dos por uso de documento falso; una por extorsión y otra más por usurpación de profesión.

Aunque el informe no menciona el caso de dos denuncias de carácter penal que presentó contra funcionarios del gobierno de Oaxaca que encabeza  Ulises Ruiz Ortiz.

La SFP interpuso dos denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por un probable daño patrimonial de 172 millones de pesos que involucran a por lo menos 18 funcionarios y ex funcionarios del equipo de Ruiz Ortiz.

Por su parte, el ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec presentó una querella en la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca por presumir desvío de seis millones de pesos donados por Petróleos Mexicanos a ese municipio.

Y el ayuntamiento de Salina Cruz presentó otra denuncia en la procuraduría estatal también por seis millones de pesos, presuntamente desviados del Programa Hábitat.

En los próximos días, la SFP presentará una tercera y quizá última denuncia penal ante la PGR por un monto cercano a los 60 millones de pesos, cuyo destino se ignora a pesar de ser parte del Programa de Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud.

Las denuncias del caso Oaxaca son Juan Ramón Díaz Pimentel, ex secretario de Salud; Adolfo Jesús López Valdés Mañón, secretario técnico;  Raúl Josafat Cortés Agüero, subdirector de Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca; Miguel Ángel Colmenares Martínez, vocal del Comité de Adquisiciones; Miguel Ángel Nakamura López, vocal del Comité de Adquisiciones; Juan Manuel Murcia Rodríguez, vocal del Comité de Adquisiciones; Martha Ortiz Ortiz, vocal del Comité de Adquisiciones;  Sonia Martínez Montiel, Jefe del Departamento de Adquisiciones; Jesús Martín Mier, Jefe del Departamento de Almacenaje y Distribución; Emiliano Vásquez Ollivera, Jefe del Departamento de Control Presupuestal; Rogelio Héctor Gutiérrez Flores, representante del Departamento de Asuntos Jurídicos; Felipe Gama Casas, director del Hospital de Especialidades; Martín de Jesús Vásquez Villanueva, secretario de Salud; Joaquín Neyra Skidmore, subsecretario de Egresos y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas; Mauricia Lina Luis Ruiz, directora de Egresos y Control Presupuestal; Miguel Ángel Martínez Santiago, secretario técnico; Marco Vinicio Palacios Ortiz, secretario particular del secretario de Salud, y Hadaelva Cruz Caballero, subdirectora de Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca.