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La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga desde mediados del mes de junio si el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) incurrió en alguna irregularidad al contratar a una empresa privada para dar seguimiento al Poder Legislativo.

Fuentes gubernamentales informaron que la Función Pública puso la lupa al contrato firmado por el Cisen con la empresa Consultores en Diseño de Estrategias Político–Legislativas, SC, por un monto de un millón de pesos más IVA, como lo informó el 26 de mayo EL UNIVERSAL. La directora de la consultora Laura Ballesteros es cercana a la presidenta del PAN en el DF, Mariana Gómez del Campo.

Los funcionarios consultados confirmaron que debido a que la Comisión Permanente le pidió a la SFP el miércoles 9 de julio una investigación sobre el contrato, entonces abrirán una investigación de manera formal en los próximos días.

La SFP revisa, principalmente, si la contratación de dicha empresa se apegó a la normatividad.

Este diario ha solicitado desde la publicación de los contratos, en mayo, una entrevista con Valdés Castellanos, pero no acepta Gobernación.

Según la Secretaría de Gobernación (Segob), el Cisen tiene permisos legales para contratar empresas y dar seguimiento al Poder Legislativo.

Además, Juan Camilo Mouriño, titular de Segob, promueve la ampliación de las facultades del director general del Cisen para la compra y adquisición de bienes y servicios para el Centro, sin pasar por el secretario de Gobernación ni el Oficial Mayor de esa dependencia.

La referida delegación de facultades deberá efectuarse con estricto apego a los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables y sin perjuicio de que se ejerzan por el titular de la Secretaría de Gobernación o el Oficial Mayor, cuando se estime conveniente, precisa el documento de la dependencia.

La Secretaría de Gobernación ha explicado que la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 3º establece que por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleven, entre otras, al mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones de gobierno y a la preservación de la democracia.

Por ello, entre las facultades del Cisen, establecidas en el artículo 19 de la citada ley, “está la de preparar estudios de carácter político, económico y social que se relacionen con sus atribuciones”.

El miércoles 9 de julio, cuando la Comisión Permanente exhortó al presidente Felipe Calderón y a Mouriño a destituir a Valdés, Gobernación explicó que la ley otorga al Cisen “la facultad de hacer uso de cualquier método de recolección de información, siempre que no se afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Y precisó que “en agosto de 2007 el Cisen, dentro del marco legal aplicable, firmó el contrato de servicios CISEN UO/024/07, con la empresa Consultores en Diseño de Estrategias Político–Legislativas, SC. El objeto del contrato fue permitir a funcionarios de la institución el acceso a un sistema automatizado de análisis y procesamiento de información legislativa”.

Además, aseguró que el contrato de referencia fue adjudicado de forma directa con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.