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No se tiene ningún indicio de que se haya cometido alguna violación al marco legal por los convenios firmados por el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, a nombre de la empresa familiar Transportes Especializados Ivancar, y Pemex Refinación, aseguró el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas.

El funcionario se reunió con diputados de la Comisión Mouriño en San Lázaro, misma que indaga los contratos.

En el encuentro aseguró que aplicará la ley sin distingos en caso de que se encontraran irregularidades en este asunto.

La relación de Vega y Mouriño, quienes trabajaron en la campaña del hoy presidente Felipe Calderón, fue puesta en la mesa por el diputado Armando García (Alternativa).

Dijo que este hecho pone en duda la certeza de los juicios del secretario de la Función Pública, Vega Casillas.

Al respecto, el titular de la SFP dijo que tiene claro el compromiso con la ley y la misión que le encomendó el presidente Calderón de hacer valer el estado de derecho.

Aseguró que en ese y en todos los casos que sean de su competencia no habrá distingos ni preferencias.

Armando García viajó ayer a Campeche para verificar la autenticidad ante el registro público de las bajas y altas de Mouriño como accionista de las empresas de su familia, ya que hasta el momento sólo cuentan con copias fotostáticas.

El tema de la comparecencia de Vega Casillas se centró en la legalidad de los contratos que firmó Pemex Refinación con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) a través de un convenio marco que se basó para darle los convenios a la familia Mouriño, vía adjudicación directa.

Vega Casillas dijo que se mantienen las investigaciones, pero recordó que ya un tribunal le dio la razón a Canacar para operar de esa manera; afirmó que la existencia del acuerdo no exime del cumplimiento estricto de la ley.

Les hizo llegar una carpeta, a la cual EL UNIVERSAL tuvo acceso, en la que se incluyeron las opiniones vertidas por la entonces Secodam, en las que el 18 de diciembre de 1996 avaló la legalidad de los contratos de Canacar a través del convenio-marco de 1993.