El relator especial de la Naciones Unidas, Juan Méndez, envió una carta al representante permanente de México ante el organismo, Jorge Lomónaco, en la que explica por qué utilizó el término "tortura generalizada" y considera las declaraciones emitidas por diplomáticos mexicanos como un "ataque personal".

En el texto, Méndez rechaza alguna falla en su código de conducta y asegura que durante su carrera en derechos humanos, nunca había sido cuestionada su ética, por lo que considera como un ataque personal las declaraciones del canciller José Antonio Meade y el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo.

"Jamás vi mi integridad y mi ética cuestionadas, hasta ahora", dice la extensa misiva, en la que también asegura que fue Lomónaco quien pidió al propio Méndez realizara un análisis del marco legal e institucional existente en México.

El relator recuerda a Lomónaco que desde hace un año expresó la conclusión de que la tortura era generalizada en el país.

"Ha sido con mucho pesar que arribé a esa conclusión, pero le he hecho bajo el entendimiento de que su gobierno me invitó a conducir una visita para que realice una evaluación sincera de la situación, y no para minimizarla o presentarla bajo la mejor luz posible", señala.

"Hubiera sido una falta de ética de mi parte haber sucumbido a presiones que recibí en ese primer momento para que cambiara de parecer, del mismo modo sería una falta de ética cambiar de parecer al redactar el informe o incluso ahora, cuando toda la evidencia que tengo a disposición solamente ratifica mi evaluación", agrega.

El relator describe punto por punto en qué se basa su argumento de que en México existe tortura de manera generalizada.

Asegura que basó su informe y el término de "tortura generalizada" en el estudio de 14 casos en los que se violentaron los derechos de 107 mexicanos, además de un número indeterminado de personas que habrían sido víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Méndez indicó que se realiza un esfuerzo sistemático para poder documentar los casos presentados, de los cuales envían entre 200 y 300 comunicaciones sobre ese tipo de casos a 60 o 70 países.

El documento declara que "14 casos de México, que representan más de 107 víctimas de tortura y malos tratos, es mucho más que la cantidad de casos enviados a cualquier otro país en el curso de un solo año".

Méndez aclara que la evaluación no responde sólo a los casos citados, sino que comprende una serie de entrevistas con víctimas, familiares y testigos de tortura a lo largo del país; documentos oficiales elaborados por las instituciones de justicia mexicanas, revisiones del médico forense que le acompaña así como reportes de organizaciones civiles.

El relator aclara que la "naturaleza generalizada de la tortura" que denuncia en su informe se basa en que todas las fuentes citadas coinciden en que la tortura y malos tratos ocurren durante las primeras 24 a 48 horas de la detención y terminan cuando la persona es consignada, sin importar que corporación del orden público realizara la detención.

"Casi todos los testimonios recibidos referían a la indiferencia o tolerancia de procuradores, jueces, médicos forenses, y otras personas cuyos deber es investigar de oficio toda vez que existan sospechas de tortura".

En el caso de nuestro país, Méndez asegura que de las 14 comunicaciones que se citan por el gobierno mexicano al respecto, dos siguen sin respuesta a la fecha y dos más fueron respondidas cuando el plazo ya había vencido, por lo que no pudieron incluirse en el informe.

Sobre las otras comunicaciones, asegura Méndez, la respuesta del gobierno mexicano fue que "el asunto se encuentra bajo investigación".

Además, el relator pide se corrijan las declaraciones que le fueron atribuidas erróneamente. "Jamás he dicho que la metodología utilizada por los Procedimientos Especiales en las visitas a los países -que es lo que cuenta en ese caso, es 'rudimentaria o insatisfactoria', como usted alega".

Méndez incluye una serie de cifras sobre tortura y desaparición forzada con las que explica que se trata de "tema recurrente" en el país, de acuerdo con el propio Programa Nacional de Derechos Humanos de 2014-2018.

Expresó su satisfacción por el caso de Alfonso Martín del Campo, puesto recientemente en libertad luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación excluyera su confesión de haber asesinado a su hermana y cuñado, con base a que la misma fue extraída bajo tortura.

"Es lamentable que a México le haya tomado más de 13 años poder liberar a esta persona, luego de haber recibido una recomendación por parte de una instancia internacional de monitoreo de derechos humanos, y más de 20 años de la condena", indica.

El relator finaliza la misiva pidiendo a Lomónaco que se le permita regresa en 2015 o 2016 para dar seguimiento a sus recomendaciones y el estado de su implementación.

"A pesar del lenguaje ofensivo que ha sido publicado en México para referirse a mi persona, quisiera asegurarle a Usted, a su Gobierno y al Consejo de Derechos Humanos, que mantengo inalterada mi actitud de diálogo constructivo. En ese sentido, respetuosamente, me permito pedir que le traslade a su gobierno mi interés en realizar una visita de seguimiento en 2015 o 2016 para discutir mis recomendaciones y el estado de su implementación", propone Méndez.

cd