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Durante un año el gobierno de México pidió al relator especial de tortura de la ONU, Juan Méndez, reconsiderar el término que señala que en el país existe tortura de manera generalizada. La diplomacia mexicana asumió como un fracaso no haber logrado convencer al relator para que fuera más objetivo y preciso en su informe presentado en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el pasado 9 de marzo.

En conferencia de prensa, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería explicó: “Durante todo el año pasado nos sentamos a platicar con el relator, tanto de manera directa como por escrito, pidiéndole que reconsiderara el uso de ese término y pidiéndole también que nos documentara las denuncias que hubiese recibido durante su visita en México”.

Después de haber conversado con el relator un año, ¿no es un fracaso de la diplomacia no haber logrado que el relator fuera objetivo y fuera muy preciso en su informe? —se le preguntó.

“Si lo quiere poner en esos términos, yo asumo no haber logrado convencerlo, en efecto” —indicó el embajador.

No obstante, recordó que el propio relator Méndez asumió en su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos que su metodología utilizada había sido “rudimentaria e insatisfactoria en muchos niveles”.

Subrayó que es la primera discrepancia que existe entre México y un relator de Naciones Unidas.

Precisó que a México le preocupa el término utilizado en el informe del relator por su implicación jurídica internacional y por el impacto negativo de la valoración que se pueda hacer sobre los problemas que enfrenta el país.

“Tiene un significado muy preciso en derecho internacional que tiene que ver con situaciones en donde hay una política de Estado de violación a los derechos humanos en un contexto de comisión generalizada de violaciones en contra de la población civil en forma sistemática, con conocimiento de causa de parte de quien lo perpetra”, dijo.

De acuerdo con el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, la tortura puede considerase un “crimen de lesa humanidad” cuando el Estado la comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

“Un informe de esa naturaleza que es público, con el valor que se asigna a todos los informes que emanan de una autoridad reconocida como es el Consejo de Derechos Humanos, aunque sea la responsabilidad individual de un relator, evidentemente incide negativamente en la valoración que haga sobre la situación que vive México”, agregó Gómez Robledo.

El relator sobre tortura estuvo en México entre abril y principios de mayo de 2014 para revisar las condiciones del país.

El 9 de marzo, en el marco del 28 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Méndez aseguró, al presentar su informe final, que en México había tortura generalizada. De inmediato el representante permanente de México ante organismos internacionales, Jorge Lomónaco, rechazó las afirmaciones y más aún cuando sólo se habían documentado 14 casos.

La molestia de México se evidenció al más alto nivel la semana pasada, cuando el canciller José Antonio Meade respaldó las declaraciones hechas por Gómez Robledo en una reunión en el Senado de la República, donde señaló que el relator de tortura de la ONU, Juan Méndez, había sido “irresponsable y poco ético” al afirmar “sin sustento”, que la tortura era generalizada.

El canciller mexicano también apoyó la versión del subsecretario, en la que dijo que no trabajarían por un tiempo con el relator Méndez.

Recomendaciones. Ayer, Gómez Robledo subrayó que la apertura del Estado Mexicano al escrutinio internacional y cooperación con mecanismos y procedimientos especiales en materia de derechos humanos “no está en duda”. Aseguró que muchas de las recomendaciones que ha hecho Méndez tienen mucho valor y algunas de ellas ya se han implementado.

“La inmensa mayoría de las recomendaciones están siendo atendidas desde hace ya varias semanas en diversas instancias del gobierno, me viene a la mente en particular la Procuraduría General de la República, que está trabajando en las recomendaciones del relator. Pero en donde tenemos una diferencia es en la valoración que se hace sobre la presunta práctica generalizada de la tortura en México”, reiteró.

Como muestra de que México quiere cooperar a nivel internacional en el tema de derechos humanos, adelantó que en las próximas semanas la Cancillería trabajará con Estados Unidos y la Unión Europea en estos temas.

jram