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Un grupo de 28 organizaciones no gubernamentales y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos —conformada por 75 asociaciones de 12 entidades del país— recriminaron al presidente Enrique Peña Nieto las recientes declaraciones emitidas por representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en relación con los Informes del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, y del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.

En una misiva señalaron que “es inaceptable” que Relaciones Exteriores rechace que la tortura sea generalizada en México sin sustentar sus afirmaciones y sin explicar el “alarmante” aumento del número de quejas registradas por tortura y malos tratos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones estatales de derechos humanos desde 2006, así como el incremento de averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR) por este delito.

Indicaron que la falta de reconocimiento de la situación real del país y de los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos “representa un retroceso para la consolidación democrática de un Estado de derecho”, en el país.

La carta fue suscrita por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, y la asociación civil Servicios y Asesoría para la Paz, entre otras agrupaciones.

Expresaron que las posturas emitidas en febrero y marzo de este mismo año por parte de la Secretaría de Gobernación y el Comisionado Nacional de Seguridad, respectivamente, en relación con las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, luego de su primera evaluación de la situación en México, así como las emitidas recientemente descalificando el carácter generalizado de la tortura documentado por el Relator de Naciones Unidas, manifiestan claramente un cambio negativo de política exterior.

En la misma carta aseguraron que la política exterior se había caracterizado por la apertura al escrutinio internacional y la colaboración con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Criticaron que esas posturas abonan a la crisis de confianza que enfrenta actualmente el Estado mexicano y resta legitimidad al compromiso de avanzar en favor del respeto y protección de los derechos humanos.

Por ello, le solicitaron que rectifique las respuestas que ha dado el Estado mexicano a las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y las emitidas al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, y atienda a la brevedad las recomendaciones presentadas por ambas instancias.