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Tras designar a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública (SFP) —cargo vacante desde el inicio de la administración—, el presidente Enrique Peña Nieto le ordenó investigar si hubo conflicto de interés en la compra de las casas de Las Lomas, de su esposa Angélica Rivera; de Ixtapan de la Sal, adquirida por el propio Ejecutivo y la que compró el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco, con empresas que han ganado contratos del gobierno federal.

Al anunciar ocho acciones para combatir la corrupción y evitar conflictos de interés de funcionarios, dijo que “en el ánimo de generar plena confianza y transparencia” solicitó a Andrade reunir un panel de expertos, con reconocido prestigio en materia de transparencia, para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación.

En Los Pinos, en un mensaje a medios, indicó que no obstante que en todo momento su actuar se ha apegado al marco jurídico, “en meses pasados se hicieron diversos señalamientos sobre posibles conflictos de interés en mi gobierno”.

Dijo que es importante precisar que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala que habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión, y negó cualquier situación similar.

“En el ejercicio de mis funciones siempre me he conducido con imparcialidad y apego a derecho. Y aquí quiero ser enfático: El Presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios”, puntualizó.

Dijo que no obstante las aclaraciones, es consciente “de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió. Esta percepción se explica, en gran medida, porque en México no tenemos los instrumentos normativos para determinar con claridad cómo declarar posibles conflictos de interés”, apuntó.

Instruye a la SFP. Por lo anterior presentó ocho acciones para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés y la SFP será la responsable de llevarlas a cabo.

La primera acción establece que a partir de mayo, mes en que por ley todos los servidores públicos entregan la declaración patrimonial, será en consecuencia obligación de los servidores públicos federales, presentar una declaración de posibles conflictos de interés, en un formato que cuenta con el aval de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

La segunda acción es crear dentro de la SFP, la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, la cual será responsable de determinar la existencia de conflictos de interés, dictar medidas preventivas y, en su caso, velar para que se apliquen las sanciones correspondientes.

Además se emitirán reglas de integridad para el ejercicio de la Función Pública Federal, que amplíen y profundicen los actuales códigos de ética y sean acordes con los nuevos retos que enfrentamos en el combate a la corrupción.

La cuarta acción es establecer protocolos de contacto entre particulares y funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos; además, como quinta acción, dependencias y entidades federales tendrán hasta abril para identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores que intervengan en esos procedimientos.

La sexta acción es acelerar la operación de la Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios del gobierno; ayer mismo se publicó el decreto que permitirá incorporar los trámites federales en formatos digitales, a través del portal de internet www.gob.mx.

Además la lista pública de proveedores sancionados por el gobierno será más completa y detallada, y se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado, en transparencia.

jram