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Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada, calificaron como tardía la consignación de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, investigados por los hechos del 26 de septiembre de 2014.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres, comentó que a pesar de todas las denuncias que existían sobre los vínculos de la esposa de Abarca con el cártel de los Beltrán Leyva, la PGR ha actuado de manera tardía. “Se tardaron, porque desde el momento en que los detuvieron en la ciudad de México sabían sus nexos, era para que el proceso fuera más corto”.

Expuso que “lo que nos interesa es que los Abarca pudieran haber dado alguna pista verídica para encontrar a los chavos. Ellos [la PGR] tienen a más de 90 detenidos y ninguno dice por dónde pudiéramos encontrarlos. Mientras no den datos que lleven a la localización de los compañeros no funciona la procuración de justicia”.

Expertos consultados por EL UNIVERSAL coincidieron en que la PGR debe realizar consignaciones sólidas en todos los casos, y al parecer el haber enviado a prisión a Pineda Villa por delincuencia organizada y lavado de dinero es lo único que ha podido probar hasta el momento.

Para Gustavo López Montiel, investigador del departamento de estudios jurídicos del Tecnológico de Monterrey, los términos de la consignación hacen suponer que la PGR no ha podido construir los vínculos de la mujer con la desaparición de los jóvenes; aunque esto no descarta que pueda ser acusada.

Para Jorge Chabat, las evidencias con las que cuenta la PGR no son suficientes ni contundentes, pues se trata sólo de testimonios que tendrá que avalar el juez. “Es un caso muy complicado, difícil de comprobar porque la evidencia aparentemente está destruida. La PGR, dada la dificultad que tiene para encontrar evidencia, será un blanco de críticas”, aseguró.

La organización civil Comité Hasta Encontrarlos señaló que el hecho de que Pineda Villa no haya sido consignada por desaparición forzada muestra la falta de voluntad de las autoridades para castigar a los responsables del caso Iguala. Nadín Reyes, fundadora de la asociación, insistió en que debe ser investigada por este crimen colectivo.

En tanto que el presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, Carlos Daza Gómez, recordó que la desaparición forzada es un delito que no prescribe, por lo que la mujer podrá ser acusada de este ilícito en el momento en que se encuentren evidencias en su contra.