politica@eluniversal.com.mx

La Procuraduría General de la República (PGR) logró acreditar el delito de secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, por lo que presentó cargos por este delito en contra de 45 personas, entre ellas, al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien finalmente enfrenta una acusación por este caso.

En conferencia de prensa, el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, dio a conocer que también se cumplió con otra orden de aprehensión en contra de cinco policías municipales de Iguala por el delito de desaparición forzada.

Asimismo, indicó que se logró acreditar la relación de María de los Ángeles Pineda Villa —la esposa del ex edil— con la organización criminal Guerreros Unidos, por lo que se obtuvo y se cumplimentó una nueva orden de aprehensión en su contra y 52 personas más por el delito de delincuencia organizada.

Zerón de Lucio detalló que un juez federal dictó el auto de formal prisión contra 10 policías de Iguala consignados en días pasados, quienes participaron en la desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre del año pasado.

Derivado de esta investigación, en total suman 97 las personas detenidas hasta el momento.

Deslindan a soldados

A pesar de que los representantes de los familiares de los normalistas insisten en que se indague la participación de elementos del Ejército en la desaparición, Zerón de Lucio dijo que no hay militares involucrados y que se han agotado todas las líneas de investigación surgidas.

“De ninguna declaración que se ha obtenido en la Procuraduría General de la República se desprende que elementos del Ejército o algún cuerpo de seguridad del gobierno federal haya tenido participación en la desaparición”, insistió el investigador.

Explicó que durante la reunión que tuvieron con un grupo de familiares y sus representantes, se les dieron detalles sobre el avance de las investigaciones y se respondió a todas sus dudas.

“La finalidad de este encuentro fue dar a conocer los resultados de los investigaciones realizadas por la desaparición de los estudiantes, así como atender y esclarecer las dudas que surgieran de la exposición de dicha información”, mencionó al leer la postura del gobierno federal.

Comentó que se les presentó un video en el que se detalló paso a paso el resultado de la investigación, así como de la detención, hasta el momento, de 97 personas; además se les detalló la cronología de los eventos el día de los hechos, de acuerdo a las declaraciones y la reconstrucción narrada por las personas consignadas.

Se les explicó que se han integrado más de 82 tomos y 13 anexos al expediente, “mismos que han podido ser consultados en su totalidad por los representantes de los normalistas”.

Recordó que se creó una mesa de inteligencia en la que participan representantes de todas las corporaciones del gobierno federal, asesorados por agencias extranjeras que colaboraron en la recolección y explotación de la información del caso.

Zerón de Lucio señaló que durante el encuentro se les dijo que hasta el momento 385 personas han declarado por la desaparición de los normalistas, entre los que están 36 militares.

“Se han realizado análisis forenses a 93 equipos telefónicos asegurados a los presuntos responsables”, señaló.

En ningún momento —puntualizó— el gobierno federal suspendió la búsqueda de los normalistas, y se les explicaron los resultados científicos que indican la posibilidad de haber incinerado los cadáveres, tal y como lo señalan las declaraciones de los propios detenidos y se les invitó a revisar los expedientes.

El funcionario agregó que los representantes de los familiares solicitaron que se les dotara de una ambulancia para la escuela, “misma que será atendida”, así como una reunión entre las autoridades educativas federales y estatales con estudiantes y maestros de la normal rural de Ayotzinapa para la dignificación de la escuela y hablar sobre la recuperación del semestre. El encuentro será el 17 de enero.