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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quienes resulten responsables por la agresión contra las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, que dejó un saldo de 11 militares, cinco policías y dos choferes de empresas privadas, lesionados.

Anoche, la dependencia informó que el agente del Ministerio Público Militar presentó la denuncia correspondiente ante la PGR.

En un comunicado expuso que “ratifica su pleno respeto a la libertad de reunión, asociación y manifestación de las ideas, al tiempo que condena enérgicamente hechos violentos como los suscitados el día de ayer (lunes).

La Sedena detalló que el 12 de enero, “aproximadamente 200 personas, la mayoría con el rostro cubierto, intentaron ingresar por la fuerza a la instalación militar. Tras forzar la reja de ingreso empleando un automotor de carga de una empresa refresquera, agredieron a personal de la Policía Militar, mediante el uso de extinguidores y el lanzamiento de petardos, piedras y botellas que obtuvieron mediante la retención de un tráiler que transportaba cerveza”.

Explicó que ante la agresión, “la Policía Militar, que tiene la responsabilidad de resguardar la seguridad de las instalaciones castrenses, utilizó escudos antimotines con el único propósito de detener el avance de los agresores (...) el personal militar no utilizó gases lacrimógenos para repeler a los manifestantes”.

La institución defendió que la actuación de los militares estuvo apegada a los protocolos establecidos en el Manual del Uso de la Fuerza de aplicación común a las Fuerzas Armadas, “atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad y estricto respeto a los derechos humanos”.

Reveló que producto de la agresión, 11 militares resultaron lesionados. “Uno de ellos recibió el impacto de un petardo que le provocó fractura expuesta del peroné en la pierna izquierda. Adicionalmente se reportó que cinco policías estatales resultaron heridos por golpes contusos y uno por una herida penetrante en el glúteo izquierdo.

Mientras que los conductores de los camiones de la Coca Cola y de la cerveza Corona —cuyas botellas fueron utilizadas como proyectiles, y las unidades como arietes— resultaron con golpes contusos.

Toman oficinas de gobierno

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) aumentaron su beligerancia. Ayer persiguieron la camioneta blindada del diputado local del PRI, Omar Jalil Flores, en sentido contrario por los carriles centrales de la Autopista del Sol.

Ello, luego de que el chofer del legislador local salió del estacionamiento de un restaurante que se encuentra a un costado del Congreso del Estado. Ahí, los maestros le indicaron que detuviera su paso y descendiera del vehículo, pero el conductor se echó en reversa y embistió un Tsuru que los maestros pusieron para cerrarle el paso.

El diputado Jalil Flores, presidente de la Comisión Instructora, no iba a bordo de la camioneta, estaba en una reunión con otros legisladores en el restaurante.

“Ábrele, ábrele”, gritaron los maestros al chofer de la Ford Expedition color rojo cereza, mientras pintaban la camioneta con el número 43. Ante ello, los maestros comenzaron a arrojarle piedras y destrozaron los espejos laterales.

El conductor tomó en sentido contrario por la lateral de la Autopista del Sol —dirección sur a norte— y se detuvo, pero los maestros disidentes iniciaron una persecución a bordo de dos camionetas. “Tírenle todos, tírenle todos”, azuzaba otro profesor a sus compañeros.

El chofer del legislador tomó el carril central y avanzó en sentido contrario rumbo a la 35 Zona Militar, ante el ruido de claxon de automovilistas. Un par de vehículos se “amarraron” de forma abrupta para evitar una posible colisión.

La persecución terminó cuando de frente salió una patrulla de la policía estatal, que no detuvo a los maestros, quienes dieron vuelta a la altura de la 35 Zona Militar, sin que se registraran lesionados.

Además, los maestros tomaron edificios públicos como las oficinas de la Subsecretaría de Tránsito y Vialidad de esta ciudad, donde “entregaron” placas y “condonaron” infracciones y pago de licencias. También realizaron rondines en escuelas públicas para evitar que los docentes tomen cursos de actualización que imparte la Secretaría de Educación Pública (SEP).