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En dos años, Ficrea fue sancionada en tres ocasiones con apenas 2.2 millones de pesos por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) por irregularidades cometidas en contra de sus clientes, como falta de información en contratos, estados de cuenta y en su propia página web.

Ficrea es acusada de un fraude financiero por más de dos mil 700 millones de pesos en perjuicio de seis mil 848 ahorradores.

Documentos de la Condusef muestran que en 2013 multó a Ficrea con 565.2 mil pesos y en 2014 con 1.6 millones de pesos, prácticamente por las mismas irregularidades en cuanto a transparencia con los ahorradores.

Por ejemplo, existía incongruencia entre la información incluida en el contrato y la estipulada en el sitio web; no se incluía el monto y el concepto de las comisiones relevantes; no preveía procedimiento y medios para presentar reclamaciones o aclaraciones.

Las sanciones de 2013 y 2014 se aplicaron tras revisar cuentas de depósito a la vista, créditos simples para medianas y pequeñas empresas y productos de inversión a plazo.

Las principales multas que le hicieron fueron por no realizar cambios ordenados en contrato y carátula.

Autoridades de Estados Unidos informaron que investigan a Rafael Olvera Amezcua, principal accionista de Ficrea, por diversos ilícitos, entre ellos el probable lavado de dinero.

EL UNIVERSAL ha documentado cómo especialistas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tienen sospechas de que hay lavado de dinero en esa empresa.

Hasta ahora sólo el 38% de los ahorradores de Ficrea han recurrido a las autoridades para reclamar el pago de su dinero que dieron a la sociedad financiera popular.

Calificación

Una revisión que hizo Condusef a Sociedades Financieras Populares (Sofipos) en 2014 mostró que Ficrea tenía una calificación de 5 en una escala del 0 al 10; el promedio de las evaluadas fue de 4.92. Algunas sí alcanzaban hasta 9.2 de calificación.

De enero de 2013 a agosto de ese año, la Condusef realizó un estudio a 76 instituciones financieras, de ellas 34 eran Sofipos como Ficrea y el resto pertenecían a Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Scaps).

En la mayoría de los casos hallaron anomalías en cuanto a la información proporcionada a sus clientes.

Es decir, no les alertaban sobre cobro de comisiones importantes o la forma como podían dar por terminado el contrato con la banca.

De esta manera, la Condusef revisó contratos, carátulas, estados de cuenta y las páginas web y de publicidad de Scaps y Sofipos.

Las autoridades mexicanas señalaron que Leadman Trade fue la compañía que les impidió avanzar con mayor rapidez cuando intervinieron a Ficrea porque no era fácil de indagar pues está dentro de un sector de instituciones crediticias poco reguladas.

"Eso atrae, por un lado, a inversionistas con poca experiencia o a quienes están especulando, o también a quienes por ahí buscan instituciones y sectores poco regulados y poco observados y que en un momento dado eso permite hacer operaciones que no se pueden hacer en otras instituciones en donde la regulación y supervisión es con más fuerza", aseguró José Luis De la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Esta situación "muestra la necesidad de una supervisión y una regulación profunda, continua, sobre todo el sistema financiero a fin de que no exista este tipo de incertidumbre, de hasta qué punto se va contra la lógica que uno esperaría de una quiebra e inmediatamente reclame su dinero. En ese sentido se tiene que tener esta transparencia y regulación y no se preste a este tipo de situaciones [de lavado de dinero]", anotó.