A principios de marzo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura, Juan Méndez, presentó un informe que ponía muy mal a México en el terreno: hay tortura generalizada.

Tan pronto como se conoció el señalamiento, la diplomacia mexicana se aprestó a responder que reconocía el fenómeno en algunos casos y en algunos tramos de la aplicación de justicia, pero que no había una situación generalizada en el territorio.

Desde el equipo del canciller José Antonio Meade se cuestionó la metodología de Méndez, a quien ubicaron con una fuerte carga de "activista" y que no se comportaba como un represente del organismo multilateral, nos comentan.

El punto que permitió desacreditar el informe fue justo en el momento en que los diplomáticos mexicanos registraron un video donde el relator argumenta que la metodología aplicada en su reporte sobre la tortura en México "es rudimentario e insatisfactorio en muchos niveles", nos explican.

A partir de ahí, nos mencionan, la diplomacia mexicana comenzó a esparcir la "poca seriedad" del trabajo de don Juan, a quien también señalaron de recibir testimonios de "oídas".

El punto más álgido llegó con los señalamientos del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, quien dijo que el relator había actuado de manera "irresponsable (y) poco ética".

Y, para reforzar el malestar de la diplomacia mexicana, el secretario de Relaciones Exteriores avaló los dichos de Gómez Robledo, en este pleito que ahora es del dominio público.

¿Habrá reconciliación diplomática?