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La presidenta de la Comisión Especial para el caso Tlatlaya, Elena Tapia (PRD), aseguró que las violaciones a mis derechos humanos como Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial de 22 personas en el Estado de México no son hechos aislados y debe generar una autocrítica y reacción en el Estado mexicano.

En un comunicado, la legisladora recordó que la organización global Human Rights Watch (HRW) pidió atender la problemática, sobre todo desde los niveles estatales.

"Coincidimos con HRW en que estos casos no son aislados. Como hemos insistido, existe un ejercicio sistemático de abusos que a su vez desencadenan acciones y omisiones en la investigación. Por ello, son muy escasas, cuando no inexistentes las condenas por tortura, uso ilegal de la fuerza o desaparición forzada".

Destacó que las desapariciones forzadas de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, así como el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, revelan la ausencia de una actuación oportuna por parte de funcionarios públicos, que no dieron una atención inmediata a los hechos y que incluso pretendieron encubrirlos, poniendo en evidencia que la impunidad y el ocultamiento de la violencia se han profundizado.

La perredista aseguró que en el caso de Tlatlaya, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo intervino en la investigación de las presuntas ejecuciones tres meses después, como consecuencia de la publicación de una entrevista realizada por la revista Esquire a una de las testigos sobre su versión de los hechos.

Sobre los hechos acontecidos en Iguala, la PGR inició la investigación 10 días después de la desaparición de los estudiantes, faltando así a los protocolos de búsqueda exhaustiva de los desaparecidos durante las primeras 72 horas, conforme marcan los estándares internacionales.

Las declaraciones e informes de organismos internacionales confirman que el Estado mexicano es incapaz de atender la violencia. Cabe destacar que en febrero de 2013, HRW publicó un informe donde se documentaron 149 casos de desapariciones forzadas en los cuales existe evidencia convincente de la participación de agentes de todas las fuerzas de seguridad en los hechos.

Nadie ha sido condenado en estos casos ni en ningún otro cometido después de 2006, según información oficial. Cada caso es una advertencia que, de haber sido atendida, podría haber prevenido los graves acontecimientos que actualmente enfrentamos.

Ante ello consideramos que es necesario establecer controles estrictos sobre la actuación de las autoridades y romper el círculo vicioso de impunidad que completan los cuerpos policíacos, militares y la procuración de justicia. A pesar de las resistencias de la mayoría parlamentaria para aprobar las propuestas que hemos presentado en materia de tortura, uso legítimo de la fuerza, suspensión de garantías, eliminación del arraigo y armonización con el Estatuto del Roma, entre otras, no desistiremos de nuestra intención de desplegar al máximo el alcance de la reforma constitucional en derechos humanos de 2011 que hoy enfrenta una grave crisis ante la inoperancia de los poderes públicos.

crs