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La Procuraduría General de la República (PGR) informó que existen indicios de que los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron asesinados y calcinados en el municipio de Cocula; sin embargo, hasta que se les practiquen pruebas mitocondriales a los restos localizados se seguirán considerando como desaparecidos los alumnos.

El procurador general de la República, Jesus Murilo Karam, explicó que la detención y declaración de tres personas que participaron en la privación de la vida de los estudiantes indica que el homicidio se cometió en un basurero ubicado en el municipio de Cocula.

“Existen indicios que nos podrían indicar que son [los restos de los normalistas], pero como autoridad que tiene como función la clara identificación de las cosas, nosotros mantenemos la averiguación abierta”, dijo tras preguntarle si la autoridad ya daba a los jóvenes por muertos.

Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Gómez y Agustín García Reyes, integrantes de la organización Guerreros Unidos, “confesaron” ante el Ministerio Público “haber recibido y ejecutado al grupo de personas —alumnos— que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula”.

Las investigaciones de la PGR indican que después de ser detenidos en Iguala, los estudiantes fueron trasladados a Cocula en un vehículo de carga de 3.5 toneladas y una camioneta de carga menor.

“Los testimonios y confesiones que hemos recabado, aunadas al resto de las investigaciones realizadas, apuntan muy lamentablemente al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula”, dijo Murillo Karam.

Según los testimonios de las tres personas detenidas, en una brecha que lleva al paraje Loma de Coyote, en Cocula, los policías municipales les entregaron a un “número de personas que no pueden precisar con exactitud, pero que uno de los detenidos estimó en su declaración en más de 40 personas.

“Dos de los detenidos declaran que algunas de las personas que trasladaron al basurero de Cocula llegaron o sin vida o inconscientes, y que los otros fueron interrogados por el grupo criminal para determinar quiénes eran y las razones de su llegada a Iguala”, dijo el procurador Murillo Karam.

Los alumnos, según el testimonio de una de las personas que participó en el homicidio, mencionaron una y otra vez: “Somos estudiantes”, y negaron pertenecer a algún grupo criminal.

Al dar a conocer los avances de las investigaciones en conferencia de prensa, el encargado de la procuración de justicia del país comentó que después de cometer el asesinato, los cuerpos fueron arrojados a la parte baja del basurero para ser quemados.

“El fuego, según declaraciones, duró desde la medianoche hasta aproximadamente las 14:00 horas del día siguiente, según uno de los detenidos y otro dice que hasta las 15:00 horas del 27 de septiembre”, dijo el procurador.

Los detenidos, según la PGR, declararon que cuando bajaron al lugar donde se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien apodan El Terco de fracturar los restos de los huesos calcinados para ser depositados en bolsas de basura negras, mismas que fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos que arrojaron completas.

Buzos de la Armada de México y peritos mexicanos y argentinos encontraron despojos de las bolsas y su contenido, una de ellas permanecía cerrada con restos humanos.

Los peritos aseguraron que el alto nivel de degradación causado por el fuego a los restos encontrados hace muy difícil la extracción de ADN que permita la identificación, por lo que se requieren estudios mitocondriales para estar completamente seguros. Para ello, se acordó que el mejor lugar para practicarlos es la Universidad de Innsbruck, en Austria, estudios que “no se puede especificar una fecha definida para la entrega de sus resultados.

“La investigación queda abierta hasta agotar todas las posibilidades que permitan identificar los restos humanos encontrados en la barranca y en las bolsas localizadas en el río San Juan; mientras tanto, se seguirán considerando como desaparecidos a los estudiantes de Ayotzinapa para efectos de la investigación”, dijo Murillo Karam.

Agregó que no hay evidencia alguna de que los estudiantes formaran parte o auxiliaran a grupo criminal alguno.

Informó que hasta el momento no existen cargos en contra de José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa por el homicidio de seis personas y la desaparición del pasado 26 de septiembre.

Noemí Berumen, detenida la madrugada del pasado martes en Iztapala, y acusada del delito de encubrimiento, quedó libre bajo fianza.