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Luego de cuatro sesiones analizando un amparo promovido en contra de un arraigo, el Pleno de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) resolvió que dicha medida fue inconstitucional, toda vez que se basó en un artículo que previamente había sido invalidado por este tribunal.

Por lo tanto, la Corte ordenó que el juez responsable del caso sea quien estudie las 82 pruebas recabadas durante la aplicación de esa medida y determine cuáles pierden su valor probatorio por derivar directamente de un arraigo ilegal.

Francisco Javier Hinojo Alonso permaneció arraigado durante 26 días por acusaciones de crímenes sexuales, con sustento en el artículo 291 de la Legislación Penal para el estado de Aguascalientes, que permitía el arraigo para la investigación de delitos considerados "graves".

"La decisión puede dejar en tranquilidad a las víctimas", enfatizó el ministro Luis María Aguilar, pues el acusado no quedará en libertad, sino que se revisará su proceso sin considerar las pruebas invalidadas por el juez quinto de lo penal, en Aguascalientes.

Durante la sesión del martes pasado, los ministros habían acordado estudiar las pruebas y determinar cuáles, por ser producto directo del arraigo considerado inconstitucional, habrían de perder su valor probatorio; sin embargo, esta tarde optaron porque sea el juzgador en Aguascalientes quien lleve a cabo esa labor.

jlr