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El presidente Enrique Peña Nieto anunció diez acciones en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia en el país, entre las que se encuentra un mecanismo para que la Federación asuma el control los municipios o, en su caso, se disuelva un ayuntamiento cuando existan indicios de vínculos con la delincuencia organizada.

Los cambios serán propuestos a través de reformas a la Constitución y leyes secundarias que serán enviadas al Congreso de la Unión el próximo lunes, y la primera será la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales.

En segundo lugar se redefinirán competencias de cada autoridad en el combate al delito.

“En los últimos años se ha reformado varias veces la Constitución, derivando en un complejo sistema de competencias penales que genera dispersión de responsabilidades, confusión en la aplicación de la ley y, lo más grave, impunidad”, explicó Peña Nieto.

Como ejemplo, el Presidente citó la ley de combate al narcomenudeo, en la que cual la eficacia del Estado es mínima, pese a ser la principal causa de infiltración a nivel municipal.

La creación obligatoria de policías estatales únicas es la tercera acción, para pasar de más de mil 800 policías municipales débiles a 32 corporaciones de seguridad estatal confiables, profesionales y eficaces, con sueldos homologados. El proyecto propone que el arranque sea en Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.

Frente a los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal, invitados especiales, entre ellos el Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Peña Nieto dio un mensaje en Palacio Nacional, tras la crisis derivada por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

En su discurso, anunció también que se habilitará el número telefónico de atención 911, único modo de atención y denuncia en el país.

En quinto lugar propuso hacer realidad la Clave Única de Identidad, para facilitar trámites y servicios gubernamentales, principalmente.

También anunció un operativo especial en la región de Tierra Caliente, principalmente en los municipios de Guerrero y Michoacán y, en el caso de Jalisco y Tamaulipas, sólo se incrementará la presencia policial.

La séptima propuesta es impulsar acciones y reformas adicionales para hacer efectivo el derecho humano a la justicia a través del nuevo modelo de justicia penal, porque “suele ser lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no pueda acceder a ella con facilidad”.

Se busca facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada, como octava acción.

Además, “crear un sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas, así como un sistema nacional de información genética. Y publicar de inmediato el reglamento de la Ley General de Víctimas, y poner en operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el Registro Nacional de Víctimas".

Fortalecerá el combate a la corrupción, con mecanismos ágiles para la denuncia, y que se garantice la sanción y, como décima acción, promoverá los principios de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación.

Impulso económico al sur. El Presidente dijo que la mayoría de los conflictos sociales y políticos más graves tienen su origen en la falta de desarrollo de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Destaca el establecimiento tres zonas económicas especiales en la región; trato fiscal diferenciado a productores de Chiapas, Guerrero y Oaxaca; impulso a la formación de jóvenes, y ayuda a empresas en el pago de cuotas del IMSS e Infonavit.

Apoyo a las Escuelas Normales Rurales, becas del Conacyt; programas emergentes por más de 7 mil 500 millones de pesos para empleo temporal y respaldo al campo, además de la presentación de una iniciativa para desvincular el salario mínimo de diversos precios y tarifas de la economía.

También, para el sur se emprenderá un plan emergente de empleo temporal que beneficiará a más de 300 mil familias y para Acapulco, medidas fiscales para reactivar su economía.

Hizo notar que para revertir la pobreza en los estados del sur tan sólo en infraestructura se está invirtiendo más de 195 mil millones de pesos e incluye autopistas, desarrollo hospitalario y la construcción de gasoductos.

Anunció un decreto para un trato fiscal diferenciado a los productores de Chiapas, Guerrero y Oaxaca a fin de impulsar el establecimiento y crecimiento de empresas agroindustriales.