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LOS ÁNGELES, California.— Rosario es delgada, morena, de cabello largo obscuro y sonrisa fácil. Vistiendo pantalones ajustados, tenis y sudadera, se encuentra sentada en una sala de espera, entre dos hombres trajeados que envían textos desde su celular. En cualquier momento será llamada a uno de los salones de este edificio de corredores blancos y muros helados que alberga a la Corte Federal de Inmigración. A sus 14 años, y sin un abogado que la represente, Rosario está a punto de sentarse por primera vez en su vida frente a un juez.

Rosario y su hermano José, de 15 años, llegaron hace unos meses de Sensuntepeque, El Salvador, y son parte de la estadística que ha despertado la alarma entre las autoridades y la sociedad estadounidense: en los nueve meses que van del año fiscal 2014, iniciado en octubre pasado, más de 52 mil menores de 18 años han sido detenidos en el suroeste de la frontera con México, mientras intentaban ingresar al país sin documentos y sin la compañía de un adulto. La cifra, de acuerdo con las estadísticas del Departamento de Seguridad Interno (DHS), duplica las 26 mil detenciones del mismo periodo del año previo. 

Aunque entre los detenidos hay menores de todas las edades, en 2013, 76% fueron mayores de 14 años. Chicos como Rosario y José salen de Honduras, El Salvador, Guatemala o México para reunirse con sus padres en Estados Unidos o para buscar un trabajo, pero también huyen de la violencia.

De acuerdo con un reporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), al menos 58% de los niños han sido desplazados de manera forzada por enfrentar algún tipo de peligro y la necesidad real o potencial de protección internacional, característica que los convierte en candidatos potenciales para recibir asilo político o una visa humanitaria, según los acuerdos internacionales y la propia ley de asilo vigente en Estados Unidos.

El problema que enfrentan es que, dado que el gobierno estadounidense no está obligado a proporcionarles apoyo legal gratuito, muchos de estos menores deben enfrentar a un juez de inmigración sin un abogado que revise su caso y les explique las opciones que tienen para quedarse.

Entre las razones mencionadas por los menores para migrar, la mitad dijo haber sido afectada por el aumento de la violencia en sus comunidades por organizaciones armadas, cárteles, pandillas o por el propio Estado. Un 22% declaró haber sufrido violencia en sus hogares por parte de la persona encargada de cuidar de ellos. En el caso de los niños procedentes de México, 38% dijo haber sido víctima o potencial víctima de reclutamiento y explotación por parte de los grupos criminales. Del total de la muestra, 11% declaró haber sido víctima de doble violencia, tanto en su comunidad como en su hogar. 

De la extorsión a la Corte

María es la madre de Rosario y José. Tiene 33 años y salió de su país hace siete, dejando a sus cinco hijos encargados con su madre. Desde que llegó ha trabajado en los campos de California, sembrando y cosechando. No habla inglés y le cuesta trabajo leer y escribir, pero encontró la manera de ir juntando dinero para mandar a El Salvador y para ir haciendo unos ahorros. Juntó los 18 mil dólares que le cobró un coyote “confiable” para traer a sus dos hijos mayores.

“Me dijeron que era así de caro porque era seguro y porque no iban a sufrir”, cuenta María de pie en uno de los pasillos de la Corte. De baja estatura —los dos hijos ya son más altos que ella—, la angustia se le refleja en su rostro cuando habla de las amenazas a su familia: llegaron en la noche a la casa de su madre —la abuela de los niños—, a pedir una “cuota” como extorsión; la mujer les dio el dinero que tenía, sin embargo, los extorsionadores amenazaron con volver. María decidió entonces traer a sus hijos.

“Me prometieron que iban a venir cuidados, en un carro, que iban a llegar con bien y no fue así. Los traían caminando, amontonados en el maletero del bus, y al final, mire, los agarraron”, relata la mujer.

De 2012 a 2013, además de que el número de migrantes menores aumentó, cambiaron sus características: el porcentaje de mujeres subió de 23 a 27%, y el número de menores de 14 años se incrementó de 17 a 24%.

Cuando Rosario y José fueron detenidos por las autoridades, María recibió una llamada: sus hijos se encontraban en el centro de detención de inmigración en Los Ángeles y ella tenía que iniciar el proceso para liberarlos. La ley indica que los menores no pueden estar más de 72 horas bajo la jurisdicción de las autoridades migratorias, disposición que es cada vez más difícil cumplir debido a la incapacidad del gobierno para procesar a todos los menores que han llegado.

Al cabo de algunos días fueron llevados a un albergue donde permanecieron hasta que la madre pudo comprobar su identidad y que, además, contaba con solvencia para mantenerlos.

Lo que siguió fue el aviso de que les sería iniciado un proceso de deportación, con una orden para comparecer ante el juez de inmigración. Con las finanzas apretadas, sin hablar inglés y con nulo conocimiento del sistema legal del país, María ignoraba qué hacer para evitar que sus hijos fueran regresados a El Salvador. Lo que sí sabía es que tenía que ir a la Corte el día y la hora señalados.

“¿Usted sabe si me recibirán hoy aunque no traiga un abogado?”, pregunta María a personas con las que entabla conversación en los corredores.

Cuando un secretario llama a los chicos por su nombre, los tres entran y se sientan en una banca frente a una juez a cuyas espaldas luce, enorme, el escudo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Junto a la juez hay un intérprete; los tres se ponen audífonos para escuchar la traducción al español. María, con los ojos enormes, tarda en responder a las preguntas de la juez; en algún momento le avisa que no entiende lo que le están diciendo. La juez explica: la persona que está al lado de ellos es la fiscal y representa al gobierno estadounidense que los acusa de encontrarse en el país sin documentos. La juez les pregunta si tienen abogado. A Rosario le tiembla nerviosamente una pierna. José no acierta a decir una palabra. 

En el limbo

“El problema es que la migración se convirtió en algo político. Esa es la cuestión”. Erick Midence suelta la frase con un tono que es mezcla de ironía y de reproche, y agrega: “A los niños los están deteniendo, los ponen en proceso de deportación porque eso es lo que marca la ley, pero no los deportan. ¿Sabe por qué? Porque tendría un costo político, y ese ni el presidente ni los republicanos se lo van a echar encima; podrán decir lo que quieran, pero en la práctica, los muchachos se quedan aquí”.

Midence, activista por casi dos décadas y presidente de la Asociación Hondureña de Oxnard, al norte de Los Ángeles, se enteró del caso de María y ofreció acompañarla en la corte. No es abogado, pero con los años ha aprendido cómo se enfrenta un proceso de deportación. El objetivo es buscar alargar el tiempo para que los menores se queden en el país durante varios años, aunque esto no les dé un estatus migratorio. En teoría, Rosario y José hoy tendrían que escuchar los cargos que los acusan de estancia ilegal en el país. Si los acusados aceptan el cargo, en ese momento el juez emite la orden de deportación y son regresados a su país. Si responden que no, deberán presentar evidencia que sustente su dicho. Pero hay una alternativa más: pueden pedir hasta dos extensiones para presentarse en otra fecha. Después de eso, si la sentencia no los favorece, pueden apelar. Esto les permite ganar tiempo. 

Midence tiene razón: los jueces saben que este es un recurso común y aun así autorizan las extensiones: los chicos que ingresaron sin documentos al país hace dos, tres, cuatro años, continúan aquí. La deportación masiva de menores de edad es una escena con la cual el gobierno estadounidense amenaza, pero que no ha ocurrido hasta ahora.

Las estadísticas del DHS lo confirman. En el año fiscal 2012, fueron detenidos más de 33 mil menores de 18 años y fueron emitidas 16 mil órdenes de deportación a este mismo grupo demográfico; sin embargo, solo se ejecutaron 721 deportaciones en ese periodo.

“Los únicos deportados han sido aquellos pocos que han firmado una salida voluntaria del país, o los que, tras ir a una corte de inmigración, pierden y deciden no apelar. Pero ese número es muy pequeño”, explica el abogado de inmigración Dan Kowalski. 

Y agrega: “Los casos van a las cortes de inmigración pero el proceso tomará un largo tiempo, especialmente si apelan, y en ese tiempo no serán deportados”.

Debido al cuello de botella en las cortes de inmigración, por el gran número de casos, ese tiempo puede ser de dos o tres años mientras se les da un veredicto, y de otros tres años si hay apelación.

Durante ese tiempo los menores permanecen en el país con sus familias, pero en un limbo legal debido a que no cuentan con la asesoría que permitiría que sus casos fueran evaluados para regularizar su estancia. Esta situación se vuelve caldo de cultivo para los abogados sin escrúpulos que ofrecen a las familias revisar su caso por enormes cantidades de dinero, para después estafarlos.

“Hay chicos que llegaron hace años, que crecieron y trabajan aquí, que quieren estar con sus papás”, explica Midence. “¿Cómo los va a mandar este gobierno de regreso a sus países, si sabe que para muchos eso sería mandarlos a morir? No los mandan, pero tampoco arreglan el estatus; nos tienen en un limbo, con el temor a la deportación. Ni los gobiernos de nuestros países ni éste hacen algo por arreglarlo. Ellos juegan con nuestra realidad”.