La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, estableció que la violencia política es una cara más de la violencia de género y llamó a no permitir que las prácticas políticas y de campaña menoscaben el ejercicio de los derechos políticos o prerrogativas de las mujeres a acceder a cargos de elección.

En la multiplicidad de conductas  de violencia política contra las mujeres mencionó la violencia y discriminación a mujeres, que son amenazadas dentro de sus partidos, para evitar que se registren como candidatas; mujeres a las que sus partidos les exigen que firmen renuncias en blanco, antes de registrarlas como candidatas, y mujeres que han sido ofendidas en su dignidad durante sus campañas políticas.

Al participar en el Foro Paridad de Género y Procesos Electorales, organizado por el Instituto Nacional Electoral,  la magistrada Alanís incluyó en la violencia política el no recibir los recursos financieros de parte de sus partidos políticos para realizar campañas.

Frente a la violencia contra la mujer propuso la información la conciencia social y la modificación de conductas a través de políticas públicas y legislación.

El INE integró los Organismos Públicos Locales Electorales con 66 mujeres en 18 entidades y en 10 de ellos son presididos por mujeres; en tanto los tribunales electorales locales el Senado designó 15 de 67 cargos y una magistrada de Campeche renunció al cargo, por lo que la representación es de 22 por ciento.