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La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una línea de investigación por lavado de dinero en contra del ex edil de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron que también colaboran en esta pesquisa para rastrear bienes y cuentas del político en ese país, además de la búsqueda que se realiza en México con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Fuentes del gobierno federal indicaron que ante los nexos de la llamada pareja imperial con el cártel de Los Beltrán Leyva y el grupo criminal Guerreros Unidos, se comenzó a indagar el patrimonio del ex alcalde, quien de vendedor de huaraches se convirtió en próspero empresario, que se estima puede tener más de 60 inmuebles, predios y negocios en cinco estados del país, y activos en el exterior.

Durante los más de 30 días que los aparatos de inteligencia del país coordinados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) buscaron a Abarca y su cónyuge, se detectaron diversas propiedades a su nombre, de sus hijas Yazareth y Yitzel Abarca Pineda, de la suegra María Leonor Villa Orduño —cuyos hijos fueron operadores de los Beltrán Leyva—, por lo que no se descarta que pudiera haber utilizado a otros familiares para poner más bienes a su nombre.

Las autoridades consultadas revelaron que bajo esta línea se busca establecer las alianzas comerciales que forjó, ubicar a sus socios de compañías como el Grupo Empresarial Abarpin, S.A., en el que supuestamente tiene participación el político perredista, cuando esta misma empresa se declaró en quiebra en junio de 2010, y al liquidarse reportó cero pesos en sus activos, según confirmó EL UNIVERSAL al revisar los antecedentes de la firma.

Sobre este caso, autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la comunidad de inteligencia realizan un cruce de información sobre el ex alcalde y su esposa, en relación con los grupos criminales cuya relación detectó el gobierno mexicano.

“Parte de la intención del cruce, además de entrevistar a detenidos de organizaciones criminales mexicanas que actualmente están en Estados Unidos, es ubicar relaciones entre el ex edil, su esposa y otros posibles nexos con políticos y empresarios”, explicó un agente que no puede ser identificado.

“Los Abarca no se movían solos, para llegar al nivel operacional y el acceso a los círculos que alcanzaron, contaron con el apoyo de más de una persona en los niveles político, económico y del crimen organizado. Se está buscando conectar los puntos porque ello puede llevar a nuevas pistas sobre la red en la que trabajaban”, explicó.

Debido a que Guerreros Unidos ha estado operando en Estados Unidos se cuenta con información sobre cabecillas, uso de empresas pantalla, prestanombres de propiedades y tráfico de drogas, así como métodos de reclutamiento, por lo que estas pesquisas buscan establecer sus alianzas y sus niveles de infiltración.

La PGR, a través de su unidad de inteligencia financiera rastrea los bienes y cuentas de Abarca y su familia, ante los indicios de que algunos de los negocios podrían haber sido utilizados para el lavado de activos del crimen organizado y otros más adquiridos con recursos de procedencia ilícita.

Aunque desde 1996 se dedican a la compra-venta de oro y contaban desde esa época con cuatro joyerías en el Centro Joyero de Iguala, su prosperidad se disparó a partir de 2005 cuando sus cuñados se asociaron a Los Beltrán Leyva.

Detectan inconsistencias

Los investigadores encontraron que existen inconsistencias entre sus ingresos y los bienes que tienen a su nombre, entre ellos la plaza comercial Galerías Tamarindos en Iguala, que en enero de 2008 comenzó su edificación con una inversión de 300 millones de pesos.

Hasta el momento se han encontrado propiedades o negocios en entidades como Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Puebla y el Distrito Federal.

Tan sólo en Iguala se han contabilizado una veintena de propiedades, entre ellas la plaza comercial más grande de la ciudad, y acciones en la Universidad Benemérito de las Américas, así como un rancho en el municipio de Cocula; en Morelos tiene seis inmuebles, uno más en Lomas de Angelópolis, en Puebla; otro en Tlaxcala; tres residencias en el Distrito Federal —en la delegación Tlalpan—, sólo por citar algunos de sus bienes.