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Esta marcha no tuvo nombres ni apellidos. Es el caso de Labeba, un militar que asistió para exigir que se respeten los derechos humanos de los elementos castrenses, pedir garantías cuando ejercen tareas de seguridad pública y que se les juzgue en los tribunales militares.

Desde que se dieron a conocer las investigaciones sobre el caso Tlatlaya, surgió en las redes sociales el movimiento #YoSoy26 que exige justicia para los soldados que participaron en el operativo y, ahora, son juzgados por homicidio culposo y encubrimiento.

Ayer, los organizadores entregaron en Los Pinos un pliego petitorio de 11 puntos en los que se destaca la creación de un marco jurídico que regule la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y la lucha contra el narcotráfico; la creación de un comité ciudadano que vigile la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que no se violenten sus derechos cuando sean juzgados y sean vigilados por juristas del fuero militar.

Labeba muestra su rostro, pero su compañero camina encapuchado. No quiere decir cómo se llama, pero asegura pertenecer también al Ejército. Sostienen una manta que exige respeto a sus derechos humanos. “Yo creo que es injusto cómo están tratando a los compañeros, porque uno siempre recibe órdenes, lo que hacemos no lo hacemos por nosotros, siempre hay alguien arriba quien manda”, cuenta mientras avanza por 5 de Mayo.

Familiares de los elementos que participaron ayer también denunciaron que a través de memorándums y los oficiales de mayor rango se les advirtió a los militares no participar, porque si lo hacían serían acusados de desobediencia o insubordinación.

Cristina muestra en su celular los mensajes que le enviaron vía WhatsApp con las advertencias para asistir a la marcha. El primer punto es sobre hablar con la prensa, “tener cuidado con la prensa; no decir nada que se use en nuestra contra, tener cuidado con las fotos, si son militares o hijos de militares sólo decir que están ejerciendo su libertad de expresión”.

En los mismos mensajes se pide no lanzar “insultos” a ninguna autoridad. Así que poco antes de que comenzaron a marchar, algunas mantas tuvieron que ser “editadas”, sobre todo las que pedían la renuncia del general Salvador Cienfuegos Zepeda y del presidente Enrique Peña Nieto.

El esposo de Rosario es militar. Ella marcha con una camiseta blanca oficial que dice Sedena y con el listón verde en el brazo derecho. Tiene 35 años y cuenta que asiste porque “no le parece justo”. Que el sufrimiento comienza desde el Colegio Militar, con castigos y detenciones. Rosario se unió a la movilización porque no le gustaría que su esposo pasara por lo mismo, “ser juzgado por recibir órdenes”, dice.

En la página de la Sedena, el 11 de octubre se recuerda porque hace 191 años se fundó el Heroico Colegio Militar y la profesión se hizo carrera.

Pero a los que marchaban no se les permitió llegar a la primera puerta de la Residencia Oficial de Los Pinos. Granaderos y una valla los recibieron en la zona conocida como “tercera edad” de la calzada Chivatito, a pocos pasos de dar vuelta desde Reforma.

Cuatro personas entraron a entregar las peticiones, entre ellas el abogado César Gutiérrez Priego, de la Fundación General Gutiérrez Rebollo, hijo del general y uno de los organizadores de la marcha.

Asegura que el procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer las sentencias por “presión de los medios” y que aunque los cuatro acusados han mostrado interés por ser representados y ayudados por la fundación, hasta ahora no se los han permitido.

“Ellos me solicitaron que yo participe en la defensa, pero todavía no puedo ayudar en el proceso, porque la Procuraduría General de la República (PGR) no consigna la averiguación previa, Murillo Karam ya hizo del conocimiento que los van a consignar, pero ellos siguen siendo procesados por el fuero de guerra, comenta Gutiérrez Priego.

Quienes repartieron las camisetas de #YoSoy26 que se lucieron en la marcha fueron los miembros de la Organización Humanista por el Progreso Social, que según el registro preside Ana Zavala, quien también ha militado en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).