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El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Christof Heyns, alertó al gobierno federal y al Poder Legislativo sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas que realizan labores de seguridad pública podrían crear situaciones en las que la población civil se vea expuesta a una serie de “atropellos”.

En un informe elaborado en enero pasado y entregado en marzo a la Cámara de Diputados y al Senado, Heyns dijo que no hay suficiente rendición de cuentas por los atropellos que realizan las fuerzas castrenses en el Sistema de Justicia Militar.

El documento titulado “Informe del Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Misión México”, se expuso que los juicios militares carecen de “independencia y transparencia” y han sido sistemáticamente incapaces de enjuiciar, de manera efectiva, a los soldados acusados de haber cometido “abusos graves”.

En el documento de 24 páginas y elaborado en el marco de la visita que efectuó a nuestro país del 22 de abril al 2 de mayo de 2013, Heyns, relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, señaló que este tipo de problemas son particularmente “acuciantes en México y deben ser objeto de medidas inmediatas”.

Cabe recordar que la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación para definir si los hechos del pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, donde murieron 22 personas, fue una matanza por parte del Ejército.

El diputado federal del PRD y secretario de la Comisión de Gobernación, Fernando Belaunzarán, aseguró que es importante lo que dice el relator porque alertó, aunque los mexicanos ya sabían eso, ya que en el sexenio de Felipe Calderón se dieron hechos similares al haber echado mano del Ejército en funciones de policía por la violencia desbordada y aseguró que hubo omisión por parte de las autoridades.

“El informe es importante, sintomático porque alerta con anticipación y se advierte de Tlatlaya que es un hecho inaceptable e inadmisible, las ejecuciones extrajudiciales son inadmisibles en cualquier Estado democrático, por lo tanto, lo que se demuestra es que hubo omisión y nos volvemos a tropezar con la misma piedra”, comentó.

En el documento turnado a la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados precisó que Heyns reconoce que el gobierno ha emprendido una serie de iniciativas positivas para reformar la protección de los derechos humanos de las personas vulnerables; sin embargo, “sigue produciéndose un número alarmante de violaciones y la impunidad continúa siendo un problema serio, tanto a nivel individual como sistémico”.

Además, se recomienda enmendar la Constitución para aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza.

Condena. El Grupo Latinoamericano y del Caribe (Grulac), en el marco de la 131 Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas (UIP), reunida en Ginebra, Suiza, condenó los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, donde 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de este municipio fueron secuestrados por presuntos miembros de la policía de Iguala, y otros tres fueron asesinados y exigió una sanción con “todo rigor” por un país en el que prevalezca el Estado de derecho”.

A propuesta de las senadoras Laura Rojas y Gabriela Cuevas (PAN), Dolores Padierna (PRD) y Graciela Ortiz (PRI), se avaló la condena.