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CUERNAVACA.—César Mario Gutiérrez Priego, de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo que apoya a militares y marinos procesados, afirmó que la insistencia de las autoridades federales por desplazar en las calles a fuerzas castrenses los coloca en el riesgo extremo de cometer errores de esta naturaleza.

“Se solicita que al personal militar involucrado por el caso Tlatlaya se le juzgue conforme a derecho y se deje de violentar la presunción de inocencia que opera en su favor, toda vez que hasta el momento ha existido un clima de linchamiento hacia el Ejército Mexicano y a los miembros de dicha institución, de los cuales si son culpables, se les castigue de la forma que las leyes contemplan dentro del marco jurídico y no por medio de una investigación periodística que no existe dentro del mundo de lo legal”, exigen.

Gutiérrez Priego, hijo del extinto general Gutiérrez Rebollo, procesado por supuestos vínculos con el cártel de Juárez, consideró que los tres militares imputados de disparar contra un grupo de detenidos, presuntamente narcotraficantes, no deben ser prejuzgados y en todo caso esperar la conclusión de las investigaciones para conocer la verdad histórica de los hechos.

“No digo que sean inocentes, pero sólo se habla de tres elementos que habrían cometido el error y eso no involucra al grupo que participó en el operativo y tampoco a la institución. En todo caso, también se debería consignar el delito de omisión cometido por los mandos que estaban al frente del grupo operativo”, expuso.

Enumeran demandas. En su pliego petitorio demandan la instalación de una mesa de diálogo para revisar más de 100 causas penales contra elementos castrenses, donde supuestamente violaron sus derechos humanos y procesales así como las prestaciones necesarias para sus familias.

La marcha fue convocada por familiares de militares e integrantes del movimiento #YoSoy26, creado por la población civil en apoyo al personal militar que es procesado y sentenciado por el caso Tlatlaya.

En él participan Ana Lucía Zavala Rodríguez, presidenta de la Organización Humanista por el Progreso Social, principal promotora del movimiento de protesta, así como Bertha Amparo Martínez Ledezma, hija del general Ricardo Martínez Perea, con sentencia de 19 años de prisión por imputaciones de supuestos nexos con el crimen organizado.