Mientras la oposición advirtió que no dará “un cheque en blanco” al presidente Enrique Peña Nieto, con su plan de diez puntos para enfrentar la inseguridad, líderes de la iniciativa privada y el empresario Carlos Slim avalaron la propuesta

Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, dijo que analizarán a profundidad la iniciativa, dado que el panismo “no dará un cheque en blanco”.

“El PAN señalará con puntualidad las omisiones identificadas, incluyendo desde ahora, la falta de un ejercicio serio de autocrítica en el mensaje”, sostuvo Anaya en un comunicado.

Carlos Navarrete, presidente del PRD, dijo que las medidas van “en el rumbo correcto”, pero son “notoriamente insuficientes” en el combate a la corrupción, además de que se ignoraron temas y se carece de un calendario sobre cómo y cuándo serán aplicadas. “Buena noticia” los polos de desarrollo económico en el sur, consideró.

Jorge Luis Preciado, coordinador del PAN en el Senado, dijo que faltó autocrítica y “no quedarse en un mensaje mediático y absolutamente electorero porque nos dice qué va a hacer pero no cuánto va a costar y de dónde lo va a sacar”.

Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado, afirmó que son importantes las propuestas presidenciales, incluso ayer se reunió con el presidente de esa cámara, Miguel Barbosa, para ver si desahogan las iniciativas constitucionales y legales en un periodo extraordinario en enero.

En San Lázaro, el coordinador de los diputados del PRD, Miguel Alonso Raya, afirmó que el Ejecutivo “se quedó corto (...) esperábamos otra cosa, se requiere una respuesta de Estado y eso implica el rediseño de las instituciones de seguridad completo”.

Manuel Añorve, vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, afirmó que “el Presidente está tomando al toro por los cuernos, es un hombre valiente y ha hecho un anuncio puntual”.

La secretaria general del PRI Ivonne Ortega Pacheco, dijo que que queda muy claro “que el presidente Peña Nieto es muy sensible a las condiciones que vive el país y toma decisiones de fondo, con reformas de gran calado para transformar las condiciones lamentables del caso Iguala”.

El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, dijo que México necesita cambiar, pero esto no se va a lograr sólo con la voluntad del Presidente, sino con el concurso de todos los mexicanos, los tres niveles de gobierno y los medios, para superar la crisis derivada de la barbarie en Guerrero.

César Duarte, gobernador de Chihuahua, dijo que se atiende el eslabón más débil institucional, que son los municipios.

Luis Castro, dirigente de Nueva Alianza, dijo que los partidos “no tenemos derecho de lastimar a la ciudadanía si enredamos la aprobación de las iniciativas enviadas por el Presidente”.

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) rechazó el paquete propuesto ayer por el Ejecutivo Federal “porque lejos de acabar con la corrupción exculpa a los gobiernos estatales y al federal”.

Respaldo empresarial

Tras el acto, Carlos Slim afirmó que “se dio un plan para que México no siga como está, fue una gran desgracia lo que pasó, sacudió a todo el país, irritó a todo el mundo. Toda la sociedad está molesta e irritada, internacionalmente ha habido una gran solidaridad en ese sentido y un rechazo a ese tipo de crímenes, y [ayer] se plantearon pasos importantes y acciones importantes para corregirlos”.

Es “un primer paso muy positivo” que fortalecerán el Estado de derecho y ayudarán a restablecer el orden público en la medida en que se implementen con oportunidad y eficacia, advirtió por su parte el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) respaldó el plan porque contribuye a la gobernabilidad y ayuda a frenar al crimen. “Es muy positivo que el gobierno federal asuma su responsabilidad en este cambio y que se abra con todos los costos que esta tarea implica”, expuso.

El presidente de Coparmex, Juan Pablo Castañón, dijo que la estrategia “abona al clima de seguridad y se va a ir endureciendo la vigilancia. Urge reforzar el Estado de derecho”.

Añadió que los empresarios necesitan incentivos fiscales y financieros para invertir en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, por lo que propondrán medidas como deducir 100% las prestaciones a los trabajadores, una amortización acelerada de la inversiones y financiamiento de la banca de desarrollo.

Falta seriedad

Desde Washington, José Miguel Vivanco, representante de Human Rights Watch, dijo que “es difícil tomar con seriedad y otorgar credibilidad a los anuncios de Peña en materia de derechos humanos, debido a que se trata de compromisos que supuestamente estaban en curso”.

Agregó que “hay reiteración en su propuesta de nuevas normas en torno al delito de desaparición”.

Organismos civiles, entre ellos el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “Tlachinollan” y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, lamentaron que no se brinde la suficiente atención a las desapariciones forzadas. Redacción