politica@eluniversal.com.mx

Tras cinco años de evaluaciones negativas al Estado mexicano por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ayer el organismo lo felicitó por su compromiso con el respeto a las garantías individuales, así como por la franqueza del gobierno para reconocer fallas.

“Se nota que han habido avances muy importantes en el marco jurídico, y la comisión felicita al Estado de México por lo que ha conseguido avanzar en los temas jurídicos”, dijo en Washington el relator para México, comisionado James Cavallaro.

“El reto ahora es llevar la norma a la práctica. Eso es más complicado en un Estado como México, que tiene divisiones a veces fuertes entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados”, agregó.

La primera evaluación a México ocurrió en 2009, cuando se emitieron 91 recomendaciones, de las cuales ocho fueron rechazadas con el argumento de que ya se estaban aplicando acciones para resarcir los errores y omisiones en esos temas.

A partir de esa fecha, la CIDH realizó anualmente señalamientos por el incumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la militarización de la lucha contra el crimen, el fuero militar, el uso del arraigo y los testigos protegidos, las desapariciones forzadas, los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, además de la muerte y abusos cometidos en contra de migrantes.

Ayer, James Cavallaro, de nacionalidad estadounidense, consideró que las acciones expuestas por la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, evidencian el compromiso de México con los derechos humanos.

Limón García destacó como prueba de esto último la atención que México ha dado a las recomendaciones de la CIDH y las resoluciones y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dio a conocer que el gobierno trabaja para ampliar los alcances del fideicomiso creado para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de derechos humanos, y cubrir ahora soluciones amistosas y recomendaciones, tanto de la CIDH como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La funcionaria hizo hincapié en la “próxima” presentación del Programa Nacional de Derechos Humanos para 2014-2018, que tendrá un “alcance nacional”.

Respecto a los agentes de seguridad pública del Estado, Lía Limón destacó “la convicción del Presidente de la República y la instrucción que ha dado de que toda acción de fuerza del Estado sea respetuosa de los derechos humanos” y además proteja “la presunción de inocencia, así como la garantía de acceso a la justicia”.

Prueba de ello, aseguró, es “la disminución del porcentaje de quejas sobre la fuerza estatal presentadas ante la CNDH”, que en el caso de la Policía Federal (PF) se han reducido 22% en el último año.

Aludió a las reformas al Código Penal, al Código Militar, acciones para combatir la violencia contra personas de la comunidad gay y la implementación del mecanismo para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, entre otras.

Respecto a los inmigrantes, señaló que “próximamente” se establecerá un programa de atención a la migración para el cuatrienio 2014-2018, que permitirá “incorporar el tema migratorio a las estructuras estatal y local”, y favorecer “la integración y el acceso a la justicia” de los migrantes.

En septiembre de 2012, Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, dijo que el reto del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos era crítico dentro y fuera de México, y que requería de reformas.

Alertó que todas las instancias internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión tenían “los ojos puestos en México”.

Para octubre de 2013, Álvarez Icaza reveló que México fue el país más denunciado durante 2012, 23% de las denuncias que llegaron al organismo provenían del país, “y si bien este año no ha terminado, el escenario es de la misma tendencia, por lo que llama a la reflexión que las cosas no se están resolviendo en el país y se está recurriendo a las instancias internacionales”, indicó.

El informe de labores 2010 de la CIDH reveló que México ocupaba el segundo lugar —después de Colombia— en denuncias presentadas por víctimas que no encontraron justicia, con 267 casos de los mil 598 recibidos. (Con información de Notimex)