El presidente Enrique Peña Nieto rindió ayer un merecido reconocimiento a las Fuerzas Armadas. En la última década, a golpes de capturas y abatimientos de grandes jefes del narcotráfico, el Ejército y la Marina le han cambiado el rostro al submundo criminal mexicano, tanto que se ha vuelto indispensable repensar la estrategia completa.

Hasta finales del siglo pasado, la delincuencia organizada en México era casi indistinguible del narcotráfico. Las mafias mexicanas eran especialistas en contrabando, en poner las drogas ilegales en los mercados externos de consumo. Pero, por razones diversas, pasaron del tráfico ilícito a la extracción de rentas, de la exportación ilegal al secuestro, extorsión y robo.

Al mismo tiempo, se fragmentaron. La llamada política de decapitación, la persecución sistemática en contra de los cabecillas de las bandas criminales, aceleró un proceso de atomización iniciado desde los años 80. Del Cártel del Pacífico surgiría la banda de los Beltrán Leyva y de ésta, una colección casi infinita de algo más que pandillas y algo menos (mucho menos) que cárteles: Los Rojos, el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), los Guerreros Unidos, la Mano con Ojos.

Algo similar ha venido sucediendo con el Cártel del Golfo y Los Zetas. Y algo similar probablemente suceda con el Cártel de Sinaloa y con Los Caballeros Templarios, tras la detención de Joaquín Guzmán y la muerte de Nazario Moreno. El panorama criminal está cada vez menos dominado por grandes bandas de contrabandistas de drogas, razonablemente cohesionadas, identificables, orientadas hacia el exterior, y cada vez más por pequeñas bandas, más limitadas en sus alcances y capacidades, pero más predatorias en sus métodos.

Esta transición es una noticia buena y mala al mismo tiempo. Las bandas de nuevo cuño no tienen la capacidad política, militar o financiera para amenazar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, no al menos en el mismo grado que los viejos cárteles. Sin embargo, sí tienen el alcance y la disposición para amenazar la vida, libertad y patrimonio de varios miles, tal vez millones, de mexicanos.

Los viejos cárteles eran un problema de seguridad nacional. Las nuevas bandas son un problema de seguridad pública. Para los primeros teníamos a las Fuerzas Armadas, para los segundos no tenemos a nadie.

El Ejército y la Marina resultan tremendamente útiles para capturar a El Chapo o abatir a El Chayo. No tanto para prevenir la extorsión a taxistas, el robo a misceláneas o la venta de droga en esquinas. Para ello necesitamos policías, municipales o estatales o federales, pero ancladas en las comunidades, conocedoras de las dinámicas locales y con la inteligencia cotidiana que da la calle. Y también necesitamos fiscalías eficaces y tribunales justos y prisiones que sancionen sin torturar.

En ese terreno, la transición ha procedido a mucho menor ritmo que en los sótanos criminales. Seguimos teniendo (y qué bueno) al Ejército y a la Marina, pero eso no basta para enfrentar las nuevas amenazas. Las instituciones civiles tienen que tomar ya la estafeta.

@ahope71
Director de Política de Seguridad, IMCO