La senadora Mónica Arriola Gordillo (NA) dijo que una Comisión de la Verdad para el caso Guerrero, puede responder a las expectativas de las víctimas y de sus familiares, y a la vez sería un órgano autónomo que defina las obligaciones que le competen al Estado.

Plantea una Comisión de la Verdad emanada de una ley, cuyo proyecto presentará en la próxima sesión del pleno, la cual dará a la Cámara Alta facultades para elegir a sus comisionados, quienes deberán rendir informes al pleno.

La Comisión de la Verdad y Reparación Integral de Graves Violaciones a los Derechos Humanos Cometidos en el Estado de Guerrero tendría autonomía y rendirá informes al pleno del Senado; los tres niveles de gobierno estarán obligados aportar la información y apoyos que requieran los comisionados.

Mónica Arriola Gorrillo, integrante de la Comisión de Derechos humanos y del grupo senatorial plural para Guerrero, dijo que la Comisión de la Verdad sería una herramienta promotora de una memoria colectiva y que permita la comprensión de los hechos dolorosos ocurridos en la región de Iguala para que no se olviden y no se repitan.

Por tratarse de un ejercicio no jurisdiccional, señaló la senadora Arriola Gordillo, la función testimonial de la Comisión de la Verdad para Guerrero, estaría libre de ataduras formales.

Lamentó que este ejercicio pudiera revelar una verdad que, en una catarsis nacional, agudice el dolor, el desgarro y la vergüenza. En ese sentido saldrían a la luz la importancia y necesidad de la reparación del daño, y la trascendían de la justicia.

A la vez, subrayó, una Comisión de la Verdad sería un mecanismo que no convalide medias verdades, y abarcaría el análisis de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales, y de todo aquello que desde la sociedad y las instituciones del Estado contribuyeron a la trágica situación de violencia institucional y social ocurrida desde abril de 2011 hasta la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

rcr