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El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, exigió a las autoridades federales ir a fondo en las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa para dar certeza a los familiares de si los restos encontrados son o no de los estudiantes.

En un comunicado, Raya aseguró que esta tragedia se pudo haber evitado si la SEIDO, adscrita a la PGR, hubiera actuado cuando el 3 de julio del 2013, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero le remitió una averiguación por los homicidios de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Banderas Román.

Además de la confesión de Ernesto Pineda Vega, quien involucra en estos hechos al director de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, y al ex alcalde José Luis Abarca; vinculándolos a Mario y Rafael Casarrubias, este último apodado El Mochomo.

"Si se hubiera hecho la consignación respectiva por parte de la SEIDO y de las autoridades federales a quien corresponde atender los asuntos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que pasó en Iguala, la desaparición forzada y el supuesto asesinato de los 43 estudiantes, se pudieron haber evitado", consideró.

"Cuando uno exige que se investigue a la 27 Zona Militar, al destacamento de la Policía Federal, a la Subprocuraduría de la PGR, a la Policía Estatal, entre otras corporaciones, es para que las autoridades determinen si acaso los elementos de estas corporaciones no se daban cuenta de todo lo que venía aconteciendo en la región, de lo que sucedía con las policías de Iguala y Cocula y la infiltración del crimen organizado en las propias presidencias municipales", precisó.

Agregó que es urgente una investigación que no deje duda, pues se debe sentar un precedente de justicia para que no haya impunidad, caiga quien caiga y tope donde tope.

Consideró que la información dada a conocer por la PGR sobre el hallazgo de restos humanos, describe un horror que nunca debió acontecer, que jamás se debe repetir y que plantea una amplia reforma de Estado en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia.

"Esto no puede seguir aconteciendo en nuestro país, nunca debió pasar, sucedió porque se permitió la operación del crimen organizado y de los grupos del narcotráfico en la región, lo que se convirtió en un fenómeno de narcopolítica, al ser infiltradas las policías locales y las propias autoridades municipales, no solo de Iguala y Cocula, sino también de otros 17 municipios ubicados en Tierra Caliente", añadió.

Dijo que la gente no puede seguir soportando hechos de esta naturaleza, por ello, tiene que haber un gran acuerdo que permita construir las bases de una gran reforma del Estado, particularmente en materia de seguridad pública, impartición y procuración de justicia en el que participen las fuerzas económicas, políticas y sociales, gente prestigiada, entre otros y "que vayan a fondo en estos cambios y que podamos tener un antes y un después de los acontecimientos de Iguala", delineó.

Además, calificó como una grave la irresponsabilidad del actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, "pretendiendo reelegirse en medio de esta tragedia y por eso no podemos seguir repitiendo la historia de funcionarios tan insensibles e irresponsables al frente de las instituciones de seguridad".

ahd