La Gaceta Parlamentaria publicó la iniciativa que expide la Ley Federal de Competencia Económica, que contiene 130 artículos y modificaciones al artículo 254 bis del Código Penal Federal y será turnada a las comisiones de Economía para su dictaminación y de Competitividad para que dé su opinión.

Entre otras normativas, la iniciativa reforma el Código Penal para aumentar de cinco a 10 años de prisión y de mil a 10 mil días de multa a quien "celebre, ordene o ejecute contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados" .

Además, establece la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios.

También dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables.

El documento, de 94 cuartillas, expone que se castigará a los agentes económicos que busquen establecer, concertar o coordinador posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas, e intercambiar información con algunos de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores fracciones.

Argumenta que el desarrollo económico de una nación está vinculado a la productividad de las empresas, a la libre competencia y al acceso a bienes y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de las personas.

En México, agrega, uno de los principales frenos del crecimiento económico ha sido la libertad de mercado y el insuficiente desarrollo que se ha verificado en algunos sectores de la economía, lo que no ha permitido detonar de manera definitiva la economía del país.

Refiere que de manera reciente el Constituyente Permanente concretó esfuerzos importantes por reformar el orden jurídico nacional y adecuarlo a la realidad y exigencias del país.

De esta manera, en el último año se aprobaron reformas de especial trascendencia en materia energética, educativa, transparencia, política-electoral, telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.

Se menciona que éstas han sido resultado de la participación de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y en las legislaturas de los estados; "su contenido y alcance constituyen una verdadera reforma del Estado mexicano" .

Con este nuevo andamiaje constitucional, el Congreso de la Unión debe llevar a cabo diversas reformas a leyes secundarias para concretar las referidas reformas constitucionales, añade el documento.

La reforma en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, otorga a la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) la naturaleza de un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Esta comisión está encargada "de garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados" .

Dicha reforma dotó de facultades a la CFCE que le permiten ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia.

Además, para regular el acceso a insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.

El nuevo organismo de competencia económica de México es independiente y autónomo y adquiere más fuerza institucional, al exigir a nivel constitucional la separación entre la autoridad que lleva a cabo la investigación de la que resuelve en procedimientos que se sustancian en forma de juicio.

Esta situación permitirá contar con las herramientas necesarias para hacer valer sus determinaciones, sostiene el texto.

Asegura que, por todo eso, resulta impostergable contar con la legislación secundaria que permita al Estado mexicano garantizar la libre competencia y concurrencia.

En el texto se resalta que las sanciones para quien cometa estas prácticas monopólicas son "equiparables con las más altas penas para delitos patrimoniales y con estándares internacionales".

Precisa que "el delito previsto en este artículo se perseguirá por querella de la CFCE o del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), según corresponda, la cual sólo podrá formularse cuando la autoridad haya determinado que un agente económico resultó responsable de haber cometido alguna práctica monopólica absoluta, en los términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica".

Aclara que "no existirá responsabilidad penal para los agentes económicos que se acojan al beneficio a que se refiere el Artículo 101 de la Ley Federal de Competencia Económica, previa resolución de la CFCE o del IFT, que determine que cumple en los términos establecidos en esa disposición y las demás aplicables" .

Subraya que "los procesos seguidos por este delito se podrán sobreseer a petición del pleno de la comisión o del instituto, cuando los procesados cumplan las sanciones administrativas impuestas y, además, se cumplen los requisitos previstos en los criterios técnicos emitidos por la comisión o el instituto" .

Anota que "la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad a que se refiere el primer párrafo de este artículo" .

Con lo anterior "se busca también crear incentivos para propiciar la libre concurrencia y competencia económica, eliminando los tratos discriminatorios y el establecimiento desproporcionado y caprichoso de precios en el mercado en los diversos bienes y servicios" .

Entre los 10 grandes títulos de la propuesta del Ejecutivo destacan la reestructuración de la CFCE, su integración con siete comisionados y con sesiones públicas, aunque podrán clasificar temas como "confidenciales" .

Así como la "confidencialidad" sólo tendrá tal carácter cuando el agente económico así lo solicite, acredite que tiene tal carácter y presente un resumen de la información, a satisfacción de la comisión.

El organismo no estará obligado a proporcionar esa información, a publicarla y deberá guardarla y advierte que los servidores públicos de la comisión deberán abstenerse de pronunciarse públicamente o revelar información. 

Agrega que el IFT tendrá la autoridad máxima en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos "ejercerá en forma exclusiva las facultades que el Artículo 28 de la Constitución y las leyes establecen para la CFCE" .

crs