México realizó una denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) criticando el desdén de autoridades en Estados Unidos a sus gestiones para salvar la vida del mexicano Edgar Tamayo Arias, quien será ejecutado la próxima semana en Texas.

Ante el Consejo Permanente de la OEA, el representante mexicano Emilio Rabasa Gamboa se refirió a las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido a favor de Tamayo Arias y que han quedado sin respuesta hasta ahora.

"Resulta particularmente grave que pese al otorgamiento de medidas cautelares y provisionales a favor de sentenciados a muerte, así como peticiones y casos relacionados con estos asuntos en trámite, aun ante el sistema interamericano, se programen y lleven a cabo ejecuciones", dijo el diplomático.

Rabasa consideró que tal desdén oficial socava el objetivo de estos mecanismos, compromete el respeto a los derechos humanos y "es violatorio del derecho internacional e interamericano vigente".

Aludió en particular el hecho de que mayoría de estos casos continúen su marcha a pesar de la sentencia de la corte internacional de justicia en 2004 que dictaminó que Estados Unidos violó la Convención de Viena, referente al derecho de la notificación consular.

De 45 años de edad, Tamayo Arias es uno de los 51 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos, todos los cuales están amparados con ese fallo en el llamado caso Avena.

Rabasa dijo que el caso de Tamayo Arias, las autoridades estadounidenses no notificaron el momento de su detención sobre su derecho a recibir asistencia de las autoridades consulares mexicanas.

Para el representante permanente de México ante la OEA, este tipo de graves omisiones privan "al Estado de origen de auxiliar a sus ciudadanos y proveer desde cuestiones básicas como podría ser un intérprete o un abogado competente".

Dijo que para su gobierno el tema de la pena de muerte desde una perspectiva de protección de los derechos humanos "debe figurar como un asunto prioritario en la agenda" de la OEA, por lo que solicitó su inclusión.

En su turno, la representante de Estados Unidos, Carmen Lomelín, indicó que si bien su gobierno reconoció el fallo de la corte y ha reafirmado su compromiso de cumplir sus obligaciones bajo la Convención de Viena, no existen estatus que impidan continuar esta pena.

"El castigo capital no esta prohibido por la ley internacional" , apuntó la diplomática, que hizo notar que su aplicación se reserva para los más serios crímenes, juzgados por una corte competente y "acompañado de salvaguardas y la observación del debido proceso".

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