Los siguientes tres días serán cruciales en el Congreso, la prueba del ácido, para el plan anticrimen del presidente Enrique Peña Nieto. El futuro no se ve totalmente a favor de la iniciativa presidencial -no les apetece mucho la idea de intervenir en los municipios infiltrados por el crimen, por la invasión de facultades o por razones políticas-. Y, actualmente, el proyecto encontró una férrea negativa entre los dirigentes del PAN, Ricardo Anaya, y del PRD, Carlos Navarrete, nos comentan.

Sin embargo, los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras han logrado un acuerdo para mantener la comunicación en aras de discutir las siete reformas constitucionales planteadas por el jefe del Ejecutivo, nos dicen.

En ese camino, los líderes parlamentarios tienen una cita el lunes, quizá en otro formato que el de una comida de amigos. Los priístas Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones; los panistas Jorge Luis Preciado y José Isabel Trejo; los perredistas Miguel Barbosa y Miguel Alonso Raya, se sentarán a discutir en medio de un contexto adverso y con tiempos limitados -el periodo ordinario concluye el 15 de diciembre-.

El compromiso, nos explican, es llevar adelante el proyecto de seguridad, pero incluirá cambios de fondo para que siga su marcha como lo quiere Peña Nieto. Panistas y perredistas llevarán sus apuntes y propuestas, nos dicen, para definir si hay posibilidades de avanzar o dejarlo para un periodo extraordinario.

La prueba del ácido será eso, un análisis durísimo y con la oposición de las dirigencias azul y amarilla a un plan, que el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, calificó como "la solución más contundente que ha habido en los últimos años...".

Enfrente, los actores políticos tienen las elecciones de 2015. ¿En ese entorno avanzará el proyecto del Presidente?