Los investigadores y peritos de la PGR van de un lado a otro en Guerrero, con las "pistas" que les ofrecen los detenidos del grupo criminal Guerreros Unidos, para tratar de encontrar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron objeto de desaparición forzada en la última semana de septiembre.

Es una práctica que siguieron los encargados del área de seguridad del sexenio de Felipe Calderón: los funcionarios creían al pie de la letra las declaraciones ministeriales de los delincuentes y compraban testigos protegidos con los que armaron expedientes, que con el tiempo se cayeron como fichas de dominó en los tribunales, nos recuerdan

 Sin resultados concretos de dónde están los estudiantes, comienzan a salir datos del expediente Ayotzinapa, armados con declaraciones de los detenidos, quienes han dicho pertenecer a Guerreros Unidos y quienes "guían" a los investigadores de Tomás Zerón de Lucio, Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, por la zona caliente de Guerrero.

 El caso Ayotzinapa comienza a tensar la relación de la PGR con el Consejo de la Judicatura Federal, encargado de resguardar los expedientes judiciales. Ambas instituciones se ven ahora con sospecha, nos dicen.

 Y, no es la primera vez, en esto que se parece al esquema del calderonismo, nos comentan.