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Especialistas en materia constitucional y de seguridad advirtieron que las iniciativas enviadas al Senado por el presidente Enrique Peña Nieto atentan contra los municipios y su autonomía, al negarles la posibilidad de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando sus servicios sean retomados por la federación, tras confirmarse infiltración del crimen.

Los constitucionalistas Raúl Carranca Rivas y Miguel Carbonell, de la UNAM, consideraron necesario mantener la controversia constitucional como mecanismo de defensa de los municipios ante la intervención de la federación por una presunta infiltración del crimen organizado en este nivel de gobierno. Lo anterior, porque se corre el riesgo de que el gobierno federal actúe por intereses políticos o partidistas en contra de un alcalde determinado.

Carbonell, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, opinó que el Congreso debe delinear con claridad el supuesto jurídico para que el gobierno intervenga un municipio y darle defensa como la contoversia constitucional.

Carranca Rivas, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que la iniciativa del Ejecutivo federal “quiebra” el pacto federal y violenta las facultades del municipio.

Explicó que el tema de la policía municipal es muy delicado “porque de entrada violenta la autonomía de los municipios”; cada uno debe ser responsable de su seguridad, dijo. La salida sería la firma de convenios con la federación y solicitados por él para que otros cuerpos policiacos intervengan.

De lo contrario, agregó, “se presta a un manejo discrecional que sólo le sirve al grupo en el poder”.

“Altamente peligrosa”. El especialista en seguridad nacional, Gerardo Rodríguez, dijo que la propuesta no es la mejor visión para resolver la inseguridad y es “altamente peligroso” ponerle candados como el de impedir controversias constitucionales.

El profesor de terrorismo y seguridad nacional en el ITAM y en la Universidad Iberoamericana, explicó que es una tentativa “muy agresiva” de centralización, que por el bien de la ciudadanía, debe ser matizada.

El especialista en temas de seguridad e inteligencia, Luis Herrera-Lasso M., coincidió en que el origen de la crisis está en la “debilidad institucional” y recordó que ni la Secretaría de la Función Pública ni órganos similares a nivel estatal realizan bien su tarea para detectar y sancionar la corrupción.

El director del diplomado en Seguridad Pública e Inteligencia Militar de la Iberoamericana, Pedro Monsalvo, señaló que resolver la situación de seguridad tomando un control hegemónico, “no es la solución”.

Expuso que las iniciativas en materia de seguridad son un buen intento pero no resuelven el problema, dado que el punto es la aplicación de la ley por parte de quienes están al mando de la seguridad de los municipios o estados.

El especialista en seguridad de la UNAM, Javier Oliva, afirmó que llevará mucho tiempo aterrizar las propuestas cuando el país requiere de soluciones inmediatas ante la emergencia de seguridad pública que se vive.

Dijo que hay una contradicción en la iniciativa al querer centralizar a los municipios cuando en la reforma electoral se aprobó lo contrario.

El investigador y analista en seguridad, Alejandro Hope, dijo que de aprobarse las iniciativas sería “catastrófico”, ya que los mandos municipales no son culpables de la inseguridad y se vulnera su autonomía y limitan facultades.

Además, tienen funciones de mantenimiento del orden público, regulación del tráfico y tareas cotidianas.

jram