La Unión Nacional de Padres de Familia hizo un llamado al gobierno del Distrito Federal para garantizar los derechos de los capitalinos a la libre circulación y a un Estado de paz ante lo que calificó como "constantes provocaciones violentas" por parte de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El llamado también fue para el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, para que "tome acciones legales por el incumplimiento de actividades de los maestros afectando a más e 1 milloìn 300 mil alumnos de esa entidad.

Mientras que a los legisladores para que aprueben la Ley General de Servicio Profesional Docente en el próximo periodo ordinario de sesiones, al considerar que sin esa la reforma educativa será incompleta y no logrará su objetivo.

En conferencia de prensa la presidenta de la organización Consuelo Mendoza hizo ese llamado a aprobar y aplicar las leyes secundaria y "también pedimos, tanto a las autoridades federales como a las del Distrito Federal, tomar acción y garantizar los derechos de todos los ciudadanos a la libre circulación y a un Estado en paz, ante las constantes provocaciones violentas de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación".

Explicó que los ciudadanos responsables acuden a los lugares de trabajo, a los centros educativos e inclusive los que realizan traslados de emergencia, "debemos lograr esa movilización sin ningún tipo de impedimento y menos de manera violenta y constante que ponen en 'jaque' a la ciudad".

Dijo que "no podemos dar marcha atrás en las reformas necesarias para mejorar la calidad de la educación en México por presiones externas que buscan otros tipos de intereses y no los educativos".

Con las actuales leyes secundarias aprobadas se han conseguido avances que beneficiarán la participación de los padres de familia y que fueron promovidas por la Unión de Padres como parte de una demanda social y que ahora permitirá que los papás sean incluidos como parte fundamental del sistema educativo; contar con escuelas y cursos dirigidos a padres de familia y tutores; y, desarrollar programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad.

Advirtió que de no aprobarse la Ley General de Servicio Profesional Docente, estos esfuerzos no se verían completados, principalmente los de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.