Por primera vez el gobierno de México firmó un "acuerdo de solución amistosa" en el caso Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, que se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de reparar el daño integralmente a las víctimas, quienes sufrieron diversas violaciones a sus derechos humanos durante su detención y proceso judicial en 1997 a manos del Estado mexicano.

En la sede de la Corte, en San José, Costa Rica, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García afirmó que este acuerdo de solución amistosa es un acto inédito, porque es la primera vez que el Estado mexicano firma un convenio de este tipo ante la Corte Interamericana.

La funcionaria expresó que este acuerdo refleja el compromiso que ha asumido el Estado mexicano para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, el cual se ha convertido en una política de Estado.

En 1997 Santiago Sánchez Silvestre, indígena mixteco de Oaxaca, y Juan García Cruz, nahua de Puebla, fueron por supuestamente estar ligados al Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Según la versión oficial, estas personas fueron sorprendidos en las inmediaciones de la estación del Metro Santa Martha, al oriente de la ciudad de México, con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y propaganda "subversiva".

Lía Limón expresó que este acuerdo demuestra la importancia que para el México tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

"Una muestra de ello, es la celebración del citado acuerdo de solución amistosa, a pesar de que algunos de los hechos materia del presente caso ocurrieron con anterioridad al reconocimiento que hizo el Estado mexicano de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

El acto estuvo encabezado, por parte del Estado mexicano, por la subsecretaria Limón García, acompañada de la directora general Adjunta de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la dependencia, Alejandra Negrete, y del director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Alday.

Por parte de las víctimas estuvieron presentes Santiago Sánchez Silvestre y sus representantes legales, María del Pilar Noriega García, Ana Marcia Aguiluz Soto y Carlos Zazueta.

El testigo de honor en la celebración del acuerdo de solución amistosa fue el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, quien reconoció el compromiso y la disposición del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones internacionales.