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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 390 votos a favor, 69 en contra y 4 abstenciones, el dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente —que incluye las evaluaciones a los maestros—, propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, el cual se turnó al Senado.

El dictamen, que fue retirado de la agenda del pasado periodo extraordinario de la Cámara de Diputados —a petición del PRD y del Pacto por México por no alcanzar el consenso requerido—, modifica el dictamen original del Ejecutivo Federal para incluir demandas de los dos gremios magisteriales: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que, de acuerdo con funcionarios federales, fueron mínimas y no trastoca el espíritu central de la ley secundaria.

Uno de los objetivos principales de la propuesta del Ejecutivo Federal es que existan evaluaciones a todo el personal docente con sanciones de remoción o de despido para maestros que no acrediten las evaluaciones, propuesta que se mantuvo y se avaló a pesar de las reuniones a puertas cerradas entre legisladores y líderes magisteriales.

Las modificaciones se dieron a través de un adéndum al dictamen original impulsado en los últimos días por legisladores del PRI, PAN y un sector del PRD que —junto con integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, específicamente con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong— incorporaron demandas de los docentes.

Las modificaciones aprobadas se hicieron a una decena de artículos. En una sesión ordinaria que se citó inmediatamente después de haber concluido la instalación del Congreso General, el presidente de la Comisión de Educación, Jorge de la Vega (PRD), presentó la serie de cambios y agregó que aquellos como el que está en el artículo 83, acerca de que las relaciones de trabajo del personal con autoridades educativas se “regirán” por la legislación laboral actual, otorgan certeza jurídica.

“El personal que sea separado de su encargo con motivo de la aplicación de esta ley (cuando el docente sea despedido después de no aprobar sus tres evaluaciones) podrá impugnar las resoluciones”.

Otro cambio —en el artículo cuarto y 22— fue hecho para los maestros de nuevo ingreso, a fin de que se le autorice su base laboral después de seis meses si no tiene notas desfavorables, pero seguirá sometido a evaluaciones que, de no acreditar, causarán baja. Respecto al concurso de oposición para el ingreso, en los casos de educación básica esta ley entrará en vigor a los dos años siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y las convocatorias serán sólo para egresados de las Normales y sólo en el caso de que no se cubran las vacantes mediante dichos concursos, se emitirán convocatorias públicas.

El coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, dijo que lo aprobado “tomó en cuenta” muchas de las preocupaciones manifestadas por los maestros de la CNTE, SNTE y de los partidos políticos. En tribuna, el vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya admitió que sí sirvieron las reuniones con la CNTE porque se recogen sus propuestas.

El diputado Ernesto Robledo (PAN) dijo que la aprobación de este dictamen consolidará las bases para que los niños de México reciban la educación de calidad. El PVEM y Nueva Alianza votaron con la mayoría. PT, Movimiento Ciudadano y un ala del PRD, en contra.