En espera a que en la Procuraduría General de la República (PGR) se defina la situación jurídica de 41 integrantes de la autodefensa de Aquila, Michoacán, algunos familiares de los detenidos acusaron presuntas irregularidades en las diligencias ministeriales, pues aseguran que están incomunicados, que nos les permiten designar un defensor particular ni recibir visitas.

Por estos hechos, indicaron que formalizarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunque ya visitadores del organismo acudieron a la Subrocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), para verificar las condiciones de los policías comunitarios, quienes fueron detenidos el miércoles pasado, en una operación en la que apoyó el Ejército.

Los familiares acudieron esta tarde a la sede de la SEIDO -en la colonia Guerrero, en la ciudad de México- en un intento por entrevistarse con algunos de los aprehendidos, pero aseguran que se les ha impedido todo contacto, por lo que indicaron que es irregular que los mantengan incomunicados.

Aunque no quisieron identificarse y optaron por el anonimato, indicaron que saben que sus parientes han sido interrogados desde ayer en la madrugada, pero no se les permitió designar a un abogado de su confianza, por lo que temen que no estén siendo asistidos de forma adecuada, siendo que es un derecho que les concede la ley.

Los 41 detenidos, que son acusados por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, fueron trasladados desde la madrugada del jueves a la SEIDO, por razones de seguridad y competencia, donde se toma su declaración antes de que se determine si se ejercita o no la acción penal en su contra.

ml