El canciller mexicano José Antonio Meade subrayó hoy que "en México la defensa y protección de los derechos humanos es una tarea indeclinable".

Esa defensa "forma parte de la consolidación de nuestra democracia", dijo al hablar en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que este miércoles comenzó el análisis de la situación en México.

Meade enumeró los avances que su país ha tenido en la promoción y defensa de estas garantías, y enfatizó la disminución de la violencia y la importante baja en las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra miembros de las fuerzas armadas.

Subrayó que "tenemos absoluta convicción que las políticas de seguridad y de derechos humanos en México deben estar plenamente articuladas".

Afirmó que existe un nuevo enfoque en la atención a las víctimas de la delincuencia y de violaciones a derechos humanos.

Como ejemplo recordó que el enero pasado se publicó la Ley General de Víctimas, de alcance nacional y sin precedente, que cumple con los estándares internacionales en la materia.

En el tema de Justicia Militar, que motivó recomendaciones en el examen anterior, reveló que se trabaja para redefinir la competencia de la justicia militar.

"El Estado mexicano reconoce que ante situaciones que vulneren los derechos humanos de personas civiles, no debe operar la jurisdicción militar", indicó.

Antes se había referido a que la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos" en 2011, "representa la mayor ampliación de derechos" desde que la Carta Magna fue promulgada en 1917.

Añadió que esos avances constitucionales se acompañan del diseño de políticas públicas que integran de manera transversal la perspectiva de los derechos humanos, y adelantó que ya se elabora el Programa Nacional de Derechos Humanos.

Ese documento, que se sustenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, "será fundamental para consolidar una política de Estado que involucre a todas las autoridades y a la sociedad civil para implementar la reforma constitucional en la materia", aseguró.

Recordó que en 2009, en su anterior Examen en esta materia, México expuso las complejas circunstancias de inseguridad y de violencia por las que atravesaba, por lo que en 2012 se replanteó, junto con la sociedad, la Nueva Política de Seguridad y Procuración de Justicia.

Esa política atiende de manera integral las causas y no solo los efectos de ese fenómeno, explicó.

Más adelante enumeró los esfuerzos que se han hecho para la protección de los periodistas y defensores de derechos humanos.

"México, indicó el canciller, recibió de parte de este Consejo, recomendaciones en este ámbito. Reconocemos la importante contribución de estos actores y observamos un respeto irrestricto por el derecho a la libertad de expresión".

Añadió que en 2012 se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como líneas de cooperación con los gobiernos locales para la prevención y protección de la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos.

En el rubro de desapariciones forzadas citó las reformas al Código Penal Federal enviadas recientemente al Congreso, las cuales homologan a los estándares internacionales la definición de ese delito.

También recordó la propuesta del Ejecutivo al Senado de la República para el retiro de la reserva formulada a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.

"Se aprobó también en 2011 la Ley del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas que obliga al Gobierno Federal, en coordinación con las autoridades locales, a construir un registro de personas en esta situación ", abundó.

Sobre el temas de género, dijo que en México se ha desarrollado el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, ya en operación y que por primera vez asume en la planeación del desarrollo nacional la perspectiva de género.

Al referirse a los migrantes citó las recientes acciones que incluyen la emisión de la Ley de Refugio y Protección Complementaria de 2010, y la Ley de Migración en 2011, así como programas de protección de niñas, niños y mujeres migrantes.

Destacó que "la Constitución garantiza, hoy, el derecho de audiencia y debido proceso de los extranjeros frente a la hipótesis de expulsión".

Tras insistir en que México está comprometido con el fortalecimiento del sistema internacional de los derechos humanos, dijo que hay plena apertura al escrutinio internacional en este rubro.

Esa apertura se evidencia en la "invitación abierta y permanente a los mecanismos especializados de la ONU", y refirió la pasada visita al país de la Alta Comisionada de la ONU Navi Pillay.

El marco constitucional mexicano "obliga a todas las autoridades a proteger los derechos fundamentales, promoviendo una transformación cultural y jurídica", sostuvo por último.

jram