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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su “especial preocupación” por los numerosos casos de privación de la vida, desapariciones forzadas, cateos ilegales, detenciones y retenciones arbitrarias, así como por el “notable crecimiento” de la práctica de la tortura en México.

Previo al Examen Periódico Universal al que hoy será sometido México, este organismo entregó un reporte a dicha instancia de la ONU en el que informó que tiene 2 mil 352 expedientes en los que hay indicios de la participación de servidores públicos municipales, estatales y federales en la desaparición forzada de personas y 7 mil 253 casos de tortura.

Las cifras utilizadas por la CNDH para su reporte en los casos de desaparición forzada corresponden al último sexenio y los primeros meses de la actual administración. En el tema de tortura, los datos van desde 2006 al primer trimestre de 2012, es decir, todo el mandato de Felipe Calderón y los primeros cuatro meses de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto.

Este miércoles, en una sesión que se realizará de 9:00 a 12:30 horas en Ginebra, Suiza, México presentará su segundo Examen Periódico Universal, mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos para evaluar cada cuatro años y medio a los países miembros en esta materia. El país fue evaluado por primera vez en mayo de 2009.

El reporte de la CNDH, que será expuesto por el ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva en Ginebra, sostiene que es necesario que el gobierno mexicano regule la actuación de los cuerpos de seguridad a través de la creación de un registro oficial y una base de datos de todas las personas detenidas en el país y que los elementos que desarrollen funciones de seguridad pública porten equipos de videograbación y audio para acreditar que su conducta se apega a los principios de legalidad, objetividad, eficacia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos.

Considera que se deben fortalecer los procedimientos de selección y reclutamiento de funcionarios de seguridad pública y desarrollar dentro de cada una estas instituciones protocolos sobre el uso de la fuerza. Además, señala que tiene que existir una estrategia gradual que regrese a las Fuerzas Armadas a los cuarteles, “pero mientras se encuentren en las calles deben estar adecuadamente capacitadas en materia de derechos humanos y en el uso legítimo de la fuerza”.

En el informe, que el Comité de Derechos Humanos de la ONU valorará para el examen que presentará México, la CNDH dice que pese a los logros en la materia, sobre todo de carácter legislativo, la investigación efectiva por violaciones a derechos humanos en el sistema de justicia “aún no es una realidad”, pues hay numerosas denuncias por tortura, privación de la vida y desapariciones forzadas, y los responsables siguen sin ser sancionados penal y administrativamente. En los casos concretos de tortura, destaca que está pendiente excluir del proceso todas las pruebas, confesiones, declaraciones y testimonios obtenidos bajo esa práctica.

Señala que en materia de administración de justicia es necesario que se expida una ley sobre reparaciones de violaciones a los derechos humanos enunciada en el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución, que tome en cuenta los estándares internacionales sobre lo que constituye una adecuada reparación.

Sobre la justicia militar, considera que se debe fortalecer al Ministerio Público de la Federación y que se cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se ordenó al Estado mexicano hacer en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para que todos los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército sean conocidos por tribunales ordinarios, “y bajo ninguna circunstancia pueda operar la justicia militar”.

La CNDH agrega que el sistema penitenciario nacional atraviesa por una crisis, puesto que la mayoría de las prisiones no cumple con los estándares para garantizar una estancia digna y segura en reclusión, además del grave problema de sobrepoblación y hacinamiento, así como del autogobierno que se ha documentado en 60% de las cárceles visitadas por la CNDH.

Al abordar el tema de la trata de personas, señala que aunque existe una ley federal y varios reglamentos para erradicar este delito, consideró que se deben establecer políticas para proteger y atender de manera integral a las víctimas; trabajar intensamente para que la víctima potencial sea alertada para evitar su enganche y perseguir y castigar de igual manera a los tratantes y a los consumidores.

Sobre el derecho a la libertad de expresión, la CNDH reporta que 71% de los casos de agresiones contra periodistas quedan en la impunidad.