Chilpancingo

Los daños provocados por manifestantes en Chilpancingo e Iguala, como parte de las protestas para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos superan los 34 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones preliminares del PRD, el PRI, el Congreso estatal y el edificio del ayuntamiento de Iguala.

La cifra no incluye las pérdidas en Palacio de Gobierno y la Contraloría General de la Secretaría de Educación de Guerrero, pues la cuantificación de los daños a estos edificios se conocerá hasta que la Fiscalía General del Estado concluya el informe correspondiente, de acuerdo con la Dirección General de Comunicación Social estatal, que incluye los destrozos provocados con bombas molotov y otros artefactos a la residencia oficial Casa Guerrero, cuya puerta principal fue derribada el 29 de octubre.

Entre los inmuebles dañados —a partir del 13 de octubre cuando integrantes de los contingentes para exigir justicia inició la radicalización de sus acciones— se encuentran el Congreso local, el Palacio de Gobierno, la Contraloría de la SEG, oficinas del PRI, el PRD y el ayuntamiento de Chilpancingo, así como afectaciones a la plaza Primer Congreso de Anáhuac, a causa del plantón de la Coordinadora estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

El primer edificio dañado fue el Congreso del estado. Maestros rompieron vidrios de la fachada de la sede legislativa el 29 de septiembre, tres días después del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes en el municipio de Iguala.

Casi un mes después, la tarde del 21 de octubre, tras varias semanas sin acciones de este tipo, los manifestantes arremetieron contra la sede estatal del PRD, porque —argumentaron— ese partido traicionó al pueblo, al arropar a Ángel Aguirre Rivero para que fuera gobernador en el estado.

Según la secretaria de Finanzas del partido, Virginia Trejo Trujillo, la reparación del inmueble costará más de 5 millones de pesos, porque “esta vez los maestros dañaron más el edificio que el año pasado (en su movimiento contra la reforma educativa) y quedó inservible; ninguna oficina está habilitada para trabajar”.

Explicó que se trata de una pérdida total, porque, salvo la sala de juntas, “todas las oficinas están destruidas”, también fue destrozado un auto compacto de un funcionario del partido.

La secretaria general del PRI estatal, Pilar Vadillo, valoró que en esta ocasión los daños a la sede de su partido fueron “afectaciones menores”, en comparación con las del año pasado, cuando los maestros destrozaron el inmueble durante el conflicto magisterial que duró casi tres meses. Ese año, según la priísta, el costo de la reparación del inmueble fue de 14 millones de pesos; esta ocasión necesitarán 6 millones para las reparaciones.

El presidente municipal de Chilpancingo, Mario Moreno, aseguró que desde el 13 de octubre —cuando maestros de la CETEG destrozaron el palacio municipal— no han podido evaluar los daños, pues el edificio está en poder de los disidentes. Dijo que hasta que entreguen el inmueble se valorará.

Admitió que hay documentos, mobiliario, computadoras, canceles, vidrios dañados y que también corresponderá al ayuntamiento pagar los daños que resulten en la plaza pública, donde están los docentes en plantón.

A principios de noviembre, el síndico administrativo de Iguala, Óscar Chávez, informó que un predictamen de Obras Públicas y Protección Civil del municipio de los destrozos y quemas del 22 de octubre, calculaba los daños del ayuntamiento en 20 millones de pesos.

En entrevista, Chávez comunicó que ese monto era incorrecto y, a casi un mes de los ataques, seguían con la evaluación de daños. Adelantó que profesionales del Colegio de Arquitectos de Iguala calcularán las pérdidas.

En el caso del Congreso local, aunque aún no hay una valoración de pérdidas, luego de que en tres ocasiones la sede ha sido atacada por normalistas y maestros (29 de septiembre, 13 de octubre y 12 de noviembre), el diputado priísta Omar Jalil Flores calculó que constará entre 2 y 3 millones de pesos subsanar los destrozos.

“El daño invaluable es toda la biblioteca, porque esos libros, documentos, no se podrán recuperar, había diarios oficiales de muchos años, documentos que durante muchas legislaturas se fueron juntando y ahora están incinerados; computadoras de los 46 diputados, el tema del incendio, de la alfombra, de la carpeta y el muro de madera que se encuentra ahí (en el Salón de Plenos)”, comentó.

En el caso de la Contraloría General de la SEG, de acuerdo al área de Comunicación Social de la dependencia, se dañaron canceles, mobiliario y al menos 76 computadoras de los trabajadores que laboran en el inmueble. El edificio que renta el gobierno del estado para esas oficinas se dañó por el fuego en las instalaciones eléctricas, lo mismo que las oficinas de Estímulo a la Jubilación, quemadas el pasado 24 de octubre parcialmente por los docentes.

"Inflan" cifras: colegio de arquitectos

Partidos políticos, el Congreso del estado y otras dependencias que resultaron con daños por el movimiento de apoyo a Ayoztinapa, calculan hasta 70% arriba del costo real de las afectaciones en sus edificios.

“Los políticos tienden a aumentar el costo de daños, porque siempre que pasan esas cosas buscan obtener más recursos”, consideró el presidente del Colegio de Arquitectos, Cozovi Ocampo Guzmán, quien expuso que, “por ejemplo, si tienen un terreno de 100 metros cuadrados, en edificaciones de ese tipo tienes que multiplicar 6 mil por el total de metros para darte una idea de cuánto costaría la remodelación”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el arquitecto criticó que los presupuestos que manejan los afectados son “elevadísimos”, por lo que sugiere que deberían contar con la asesoría de profesionales y un observatorio ciudadano, para que esos inmuebles que se reparan con dinero público se rehabiliten de forma adecuada y el pago sea el justo.

De los más de 34 millones de pesos que, según los afectados, costará la reparación total de daños, el Colegio de Arquitectos calculó que sólo son 17 millones 764 mil 470 pesos, pues “todos son costos estimados de acuerdo con la información obtenida mediante medios y en algunos casos recorridos físicos, no incluyen IVA ni se considera 10% de utilidad del constructor y 10% de gastos indirectos”, señaló.

En el informe del Colegio de Arquitectos de Chilpancingo se lee que costará 9 millones de pesos la reparación de daños del edificio del ayuntamiento de Iguala, más otros tres para reponer el mobiliario y equipo de cómputo.

En el caso del Palacio de la Cultura, ubicado en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, Kosovi Ocampo calculó en 250 mil pesos su restauración, consistente en limpiar las pintas que han hecho los docentes sobre la cantera del inmueble y el saneamiento general del mismo.

En el caso del Museo Regional, una estructura clásica del siglo XIX, “prácticamente no presenta daños más que graffitis, la reposición de pintura no superaría los 25 mil pesos”; sin embargo, las afectaciones en la plaza pública, aunque no los consideró relevantes más que el maltrato en jardinería y limpieza, ascenderían a 71 mil pesos.

El edificio del Tribunal Superior del Justicia, explicó, no presenta daños más que en las fachadas y también se observan algunas pintas, lo cual costará al organismo independiente alrededor de 23 mil pesos.

Las oficinas del PRD tiene daños materiales en muros, losa del sótano, portón, muros interiores, instalación eléctrica, pisos, mobiliario, equipo de cómputo, cancelería de aluminio y un vehículo Jetta. La reparación oscilará en 955 mil pesos.

Mientras el edificio de la Contraloría de la Secretaría de Educación de Guerrero fueron sobre todo cancelería, pintura en muros, instalación eléctrica, pisos, equipo y mobiliario la reparación de los destrozos estaría en 580 mil pesos.

Los perjuicios en las oficinas del PRI se calculan en un millón 670 mil pesos.

Ocampo Guzmán opinó que “el exacerbado monto dado a conocer por los políticos es también una forma de criminalizar la protesta social, porque al decir cantidades exageradas, están mostrándole a la opinión pública otra realidad, otra dimensión de la fuerza de las protestas”.