Sin mayores contratiempos y sólo con el voto en contra de cuatro diputados del PT, PVEM y MC, el Congreso de Veracruz aprobó una nueva Ley de Educación para dar cumplimiento a la armonización de la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.

Con 46 votos a favor, dos en contra y una abstención, se creó el nuevo ordenamiento legal que garantiza la gratuidad de la educación, la permanencia laboral del magisterio veracruzano y crea el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Profesional y la Evaluación Educativa.

Durante sesión extraordinaria, los Grupos Legislativos del PRI, PAN, PRD, PVEM y PANAL, aprobaron dicha reforma propuesta por el gobernador Javier Duarte de Ochoa que fue avalada por las principales organizaciones sindicales oficiales e independientes.

En la ley quedó establecido que la evaluación de los maestros deberá aplicarse al menos una vez cada 4 años y quien repruebe tres será reubicado pero no despedido ni perderá su plaza; además aquellos que no hayan aprobado no será dado a conocer su nombre.

Dicho ordenamiento legal -con 22 capítulos, 190 artículos y 11 transitorios- garantiza, según los diputados, el desarrollo profesional, la evaluación educativa y el respeto a los derechos constitucionales y laborales adquiridos de los maestros.

El legislador priista registrado como diputado del PVEM, Renato Tronco anunció que votaría en abstención porque si bien estaba de acuerdo con dicha ley, faltó que rindiera cuentas el sindicalismo y sus cuotas.

En principio, la ley establece que la educación que imparta el Estado será gratuita, laica y ajena a cualquier doctrina religiosa, y que todas las personas tienen derecho a recibirla; asimismo, que el Estado y los municipios impartirán los niveles de educación básica y media superior en forma obligatoria.

De tal forma que el sistema educativo veracruzano, en ningún caso, podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, o la entrega de documentación a los educandos, al pago de contraprestación alguna, por lo cual prohíbe cualquier pago que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.

Se aclara que las donaciones o cuotas voluntarias que se efectúen con base en el principio de autonomía de gestión de las escuelas, para el propósito de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos, en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

La evaluación educativa, estará acompañada de un amplio programa de desarrollo profesional que ofrezca a los educadores veracruzanos las condiciones necesarias para incrementar sus conocimientos y capacidades.

Por ello, se creará el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Profesional y la Evaluación Educativa, como órgano responsable de la lograr la formación, capacitación, superación profesional.

También contribuirá al diseño y realización de las mediciones y evaluaciones de los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los docentes, directivos, supervisores y las demás autoridades educativas.

El Instituto Veracruzano para el Desarrollo Profesional y la Evaluación Educativa participará también en la realización, en forma periódica y sistemática, de los procesos y exámenes de evaluación a los educandos.

El Secretario de Educación, fungirá como Presidente y el consejo se integrará por seis miembros representantes de instituciones u organizaciones representativas, de naturaleza pública y privada, cuya actividad sustantiva sea el estudio y mejoramiento de la educación y la elaboración de propuestas para su fortalecimiento, legalmente constituidas con al menos cinco años de actividad y presencia reconocida en el ámbito estatal, regional o municipal.

Y seis miembros, investigadores, académicos y estudiosos, que se hayan destacado por su vinculación al conocimiento del fenómeno educativo.

El Gobierno estatal garantizó que el personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación, "no será separado de la función pública educativa" y será readscrito en otras tareas dentro de dicho servicio, con pleno respeto a los derechos constitucionales y laborales adquiridos de los trabajadores de la educación y a los criterios de arraigo y residencia.

Pero, el personal obligado que no se incorpore a los programas de desarrollo profesional o que no se sujete a los procesos de evaluación previstos en la presente ley, tendrá la responsabilidad que dispone esta ley.

El nuevo ordenamiento legal, estipula sanciones para aquellos maestros que dejen de dar clases sin justificación alguna e incluso que no utilicen los libros de texto para impartir conocimiento frente a clases.

spb