La defensa de los 16 detenidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la tala de manglar y palma chit, en Holbox, presentó un recurso de apelación en contra del auto de formal prisión dictado por el Juzgado Séptimo de Distrito el viernes pasado.

El abogado Alejandro Aguirre Buenfil, presidente de la Barra de Abogados, informó que a la par se promoverá un incidente de desvanecimiento de datos ante el propio Juez Séptimo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el litigante explicó que en lo concerniente al recurso de apelación, el juez debe enviar el expediente relativo a la causa penal 28/2014 al Tribunal Unitario, que deberá armar la toca penal y notificarle para que en un plazo de 10 días, Aguirre Buenfil formule los agravios cometidos en perjuicio de sus defendidos.

El incidente de desvanecimiento de datos habrá de ser resuelto por el Juez Séptimo, quien sostiene que los tres topógrafos, el joven universitario y los 12 trabajadores contratados para la limpia de brechas, detenidos por la Profepa, el 24 de julio durante un operativo en Holbox, son acusados de dañar las especies protegidas que otros afectaron previamente.

Por separado, este martes el fundador del Congreso Nacional Mexicano, Gilberto Lozano, consideró que la detención de los 16 presuntos implicados en delitos ambientales fue un acto arbitrario, que lastimó sus derechos humanos.

Lozano dijo que se entrevistó con más de 200 habitantes de la isla de Holbox, quienes contemplan diversas acciones para defender a los detenidos, entre ellas, aplicar un boicot contra la refresquera Bepensa-Coca Cola, representada en la Península de Yucatán por el empresario Fernando Ponce, uno de los socios de "Península Maya Development", que pretende la construcción de un proyecto turístico conocido hasta hace poco como "La Ensenada".

Ocurre que para la gente de la isla de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, la actuación de la Profepa fue una presunta trampa para enviar un mensaje de censura y presión a los holboxeños, quienes se han opuesto al desarrollo de dicho proyecto.

"Se analizó la posibilidad de un boicot a los productos de los señores Ponce; se analizó la posibilidad de hacer una protesta nacional para sacar a los 16 comuneros que fueron metidos a la cárcel para reprimir y amedrentar, porque resulta que no traían mas que cuatro machetes", manifestó.

El activista advirtió que ve el clima propicio para que se genere un movimiento nacional "sino es que internacional", en torno a la defensa de Holbox, debido a que es patrimonio mundial y se ha procedido -dijo- indebidamente para presuntamente despojar de sus tierras a los ejidatarios.

En torno a la probable violación de los derechos humanos de los procesados, la investigación del caso quedó en manos de la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo tendrá como coadyuvantes en las indagatorias a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo, informó su titular, Harley Sosa Guillén, quien dijo que ayer visitadores a su cargo se entrevistaron con los detenidos y también con sus familiares.

Reconoció que si bien personal de la Comisión Estatal no se había presentado a la cárcel de Cancún para asistir a los inculpados, como declararon los familiares, sí abrieron una queja de oficio, la cual fue remitida a la Comisión Nacional, la semana pasada.

"Básicamente lo que ellos refieren es que no hubo corte, ni tala, ni trabajos al momento de la detención, sino que cuando ellos estaban ahí, esto ya había sucedido; que no les informaron porqué fueron detenidos y que los incomunicaron", manifestó.

La Profepa sostiene que su "oportuna intervención" impidió que el 40 por ciento de los daños encontrados a las especies de mangle y Palma Chit, se "multiplicaran" y que los detenidos fueron sorprendidos en flagrancia afectando especies protegidas por Normas Oficiales Mexicanas y leyes específicas, además, dentro de un área natural protegida como es Yum Balam.

jlc