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CANCÚN

El proyecto La Ensenada no ha muerto. Actualmente es afinado para concretar su desarrollo en Holbox, al norte de Quintana Roo, con la certeza de representar una mejor opción de planeación y política ambiental que regule la expansión de la mancha urbana, que el Programa de Desarrollo Urbano o el Ordenamiento Ecológico.

Bajo esa premisa y con la convicción de ser un proyecto presuntamente sustentable y “para gente culta que sabe apreciar la naturaleza”, la empresa Península Maya Development replantea algunos aspectos de su exclusivo desarrollo, con miras a someterlo nuevamente al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA), a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para finalmente construirlo.

Así lo indica el consultor jurídico-ambiental de la empresa, Patricio Martín, quien rechaza que la presión social, sea un factor que les llevó hace dos meses a desistirse de que la Semarnat prosiguiera con la evaluación del proyecto.

El abogado ambiental explica que atendiendo algunas observaciones hechas por la comunidad durante la fase de consulta pública —como el tema de la captación del agua— y a fin de enriquecer el estudio de aves migratorias que solicitó la Semarnat , decidieron suspender el trámite de evaluación, para mejorar el proyecto. “El proyecto tiene ya muchas resistencias y no quisimos agregarle otra”.

La Ensenada

La empresa que pretende desarrollar el proyecto, en 92 de las 980 hectáreas que presuntamente compraron legalmente a ejidatarios de Holbox, es Península Maya Development y está dividida en dos: Desarrolladora Península Maya, representada por Germán Ahumada Alduncin, presidente del Grupo ARA y Península Maya Group, del empresario Fernando Ponce —concesionario de Bepensa Coca Cola en la Península de Yucatán— y de su yerno, Ermilo Castilla Roche.

Martín recuerda que el complejo que se sometió a evaluación pretendía la construcción y operación de tres hoteles boutique, unidades residenciales, una villa-pueblo, canales internos, caminos y servicios.

Así como un helipuerto, clubes de playa y pesca, un puerto que se conectaría con la localidad de Chiquilá a través de un canal de navegación; estaciones de investigación marina y terrestre y un Centro de Interpretación, ubicados en un Centro de Unidad Turística.

Entre las medidas para impactar lo menos posible a los ecosistemas, resalta los 125 metros de distancia de la playa hacia adentro, que no se tocarán; la apertura de un camino que bordea una extensa zona de manglares, para no dañarlos; la eliminación de la marina y del campo de golf, para no generar más embarcaciones que impacten al tiburón ballena y no perturbar a las aves; y las 886 hectáreas para la conservación.

Sobre las especies que se verían afectadas, respondió que el cuerpo de agua se está erosionando por las actividades de pescadores, cuyas redes además provocan la muerte de manatíes y delfines. “Está prohibido por la ley, pero lo hacen”.

También argumenta que el crecimiento urbano en la llamada Isla Chica, está ejerciendo una presión mayor en los recursos naturales, porque no existen instrumentos jurídicos que orienten, regulen y restrinjan la expansión de la mancha urbana, lo cual consideró más nocivo para la isla, que el proyecto.

Aclara que no existe discrepancia sobre la superficie de manglares en la zona que reportaron en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que habían sometido a evaluación. “Para conocer en dónde y cúal era la superficie real en el área se usaron dos diferentes herramientas de alta precisión, además de la observación de campo”.

“Si hay un tema de discrepancia, estamos dispuestos a revisarlo y si hay un error de nuestra parte, estamos dispuestos a modificar cualquier parte del proyecto”. Garantizó que no se tocará el manglar. Y, cualquier duda o inquietud, “estamos dispuestos a revisarla”.