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Formal prisión a 16 "taladores"

Adriana Varillas / Corresponsal| El Universal
Sábado 02 de agosto de 2014

CANCÚN. Un juzgado de Distrito dictó el auto de formal prisión en contra de los 16 detenidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por talar manglares en terrenos localizados en Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas.

Familiares de los indiciados; tres topógrafos, un estudiante universitario y 12 personas contratadas para la limpia de brechas, informaron a EL UNIVERSAL que la madrugada del viernes se dictó el auto de formal prisión, horas antes de que venciera el término constitucional ampliado, que solicitó la defensa.

La zona presuntamente impactada por los sujetos a proceso está en una isla, localizada dentro de un área natural protegida, llamada Yum Balam, lo que agrava la supuesta tala de manglar, que ya en sí es una especie protegida por normas oficiales —la 059 y la 022—, sin contar con que la Ley de Vida Silvestre prohible los daños a ese tipo de humedal.

Al ser un delito grave, no alcanza fianza. El abogado Alejandro ?Aguirre Buenfil confiaba en la liberación de sus clientes, debido a que no existían —explicó— evidencias de la flagrancia, y resaltó las contradicciones entre la superficie reportada como afectada por la Profepa (7.7 hectareas) y la reconocida por la PGR (573 metros cuadrados).

La defensa de los 16 detenidos informó que combatirá jurídicamente el auto de formal prisión.

Aguirre, presidente de la Barra de Abogados, dijo que en cinco días pueden recurrir a la apelación ante el juez Séptimo, Dario Alejandro Villa Arnaiz, que lo turnaría a un Tribunal Unitario o en el término de 15 días, promover un juicio de garantías.

A las 04:00 horas de ayer, los detenidos fueron notificados del auto de formal prisión, por los delitos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, dentro de un área natural protegida, sin autorización, y por daño a manglares y Palma chit, especies protegidas.

De no prosperar los medios de defensa y dictarse sentencia condenatoria, los detenidos podrían alcanzar los 10 años de cárcel, indicó el litigante, quien consideró que el juez “no tuvo tiempo de valorar la argumentación”.



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